Procuraduría advirtió la necesidad de adoptar medidas excepcionales para enfrentar el paro armado del Clan del Golfo

Este sábado 7 de mayo la Procuraduría General de la Nación rechazó el paro armado decretado por el Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, desde el pasado jueves en represalia de la extradición a los Estados Unidos de su jefe máximo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, por delitos conexos al narcotráfico.

El Ministerio Público se refirió a los actos terroristas que se han perpetrado en los departamentos al noroccidente de Colombia, especialmente en Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia y Chocó, en los que se ha registrado al menos doce asesinatos selectivos, la incineración de vehículos de carga y de transporte público, y restricciones a la movilidad y amenazas a las comunidades de estos territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

“Desde las procuradurías territoriales hemos instado a las administraciones departamentales, municipales y Fuerza Pública para que se instale de manera permanente el Puesto de Mando Unificado, para articular los esfuerzos y actuaciones pertinentes que permitan prevenir y mitigar los escenarios de violencia en estas zonas del país”, señaló la procuradora general, Margarita Cabello.

Asimismo, detalló que en estos espacios se ha advertido sobre la necesidad de adoptar estrategias excepcionales que permitan frenar esta ofensiva armada, mediante la cual se han perpetrado 150 hechos de afectación en contra de la población civil, ocho ataques armados a la fuerza pública y ocho afectaciones a medios de comunicación, y en la que 74 comunidades permanecen en situación de confinamiento según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En ese sentido, la procuradora reiteró su llamado a las autoridades en el país para que se garantice el acceso a la prestación de los servicios vitales como los relacionados a la salud, la economía y la libre movilidad, derechos que han sido vulnerados desde el pasado miércoles y que buscan ser retornados mediante estrategias como el bloque de búsqueda, las caravanas humanitarias y el refuerzo de las fuerzas armadas, según anunció el Ministerio de Defensa.

Este mensaje coincide con el anuncio de la Defensoría del Pueblo en el que le reiteró a las agrupaciones armadas ilegales no atenten contra la población civil, con lo que invitó a las autoridades a garantizar la protección de los derechos de las comunidades que se encuentran en las regiones afectadas por el paro armado, que mantiene con temor a los habitantes de 119 municipios.

“Ante las escalda de acciones violentas en varias regiones al noroccidente del país desde la Defensoría del Pueblo activamos el comité de verificación de emergencia en las regionales de varias de estas localidades con el fin de verificar de manera permanente la situación de derechos humanos de las comunidades. Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales que tienen presencia en esta zona para que se abstengan de atentar contra la población civil y los vienes civiles”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

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