17 departamentos del país presentan problemas en la gestión de los planes de agua

De los 32 departamentos del país, 17 reportan problemas en la gestión de sus Planes Departamentales de Agua (PDA). En total, en estos territorios la Contraloría General de la República estableció más de 250 hallazgos por diferentes conceptos que representan un detrimento patrimonial importante. Se indicó que hay 62 casos serios, pues tienen una incidencia fiscal avaluada en 32.282 millones de pesos.

Se detalló que los PDA que presentan problemas son los implementados en Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Bolívar, Cesar, Nariño, Risaralda, Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Cauca, Córdoba y La Guajira. En estos últimos cuatro territorios es donde se presentan los problemas más graves.

Magdalena es un caso crítico, pues se encontraron dos irregularidades avaluadas en 11,290 millones de pesos. También resaltan Cauca, con cinco casos avaluados en $3.823 millones de pesos; Córdoba, con cuatro casos por 3.313 millones de pesos y La Guajira, con seis casos por $2.010 millones de pesos.

Los otros hallazgos detectados son de tipo administrativo. Son 226 casos, de los cuales 210 tienen posible connotación disciplinaria, dos presuntos alcance penal y 16 dan lugar a la apertura de indagación preliminar. También se indicó que nueve casos tienen otras incidencias.

Las principales deficiencias encontradas por la Contraloría tienen que ver con deficiencias en la planeación y ejecución contractual, la persistencia generalizada de incumplimiento de cronogramas, obras inconclusas, posibles daños al patrimonio público y manejo inadecuado de los recursos públicos. Se indicó que algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos adecuados y fueron contratados sin contar con los permisos, concesiones y licencias ambientales o sanitarias.

El órgano de control explicó que hay falta de liquidación de contratos con plazo de ejecución vencido, los cuales no cuentan con las correspondientes actas de liquidación y terminación. Además, hay pago de bienes o servicios no recibidos o instalados.

Muchos de los contratos evaluados presentan retrasos relevantes y han sido objeto de frecuentes suspensiones, lo que genera incertidumbres sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades sociales de los servicios de acueducto y saneamiento básico.

En cuanto a los posibles daños al patrimonio público también se advirtieron otras deficiencias, como sobrecostos, debilidades en la supervisión e interventoría y en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos. Además, se pagaron anticipos con debilidades en su control, amortización y en la gestión y contabilización de los rendimientos financieros, y con manejo inadecuado de las cuentas bancarias abiertas al efecto.

La mayoría de los proyectos auditados presentaron debilidades en planeación, especialmente en lo relacionado con proyectos formulados sin el cumplimiento de los requerimientos técnicos y administrativos necesarios para su correcta viabilización. Y también sin cumplir las normativas ambientales.

Incluso, hay proyectos de agua potable que no cumplen con los indicadores de calidad del agua para consumo humano (IRCA), presentando riesgos para la salud por presencia de patógenos (coliformes). También hay obras recibidas sin el servicio de electricidad adecuado para su funcionamiento, en algunos casos por incumplir los requisitos técnicos de certificación RETIE.

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