Transporte intermunicipal en el Caribe y Urabá se paraliza por el paro armado del Eln

Hay temor de que resulten afectados en uno ataque terrorista que perpetren los subversivos. No salen buses de Barranquilla al interior del país. Tampoco entre Tarazá y Yarumal

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Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN)  caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera
Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

El paro armado que anunció la guerrilla del Eln, con el que han cometido una serie de acciones terroristas en Norte de Santander, Cesar y Cauca, tuvo una consecuencia directa en el transporte intermunicipal luego del anuncio de la Cootrasval Valdivia S A S de suspender el servicio.

En la emisora Caracol Radio informaron que la empresa de transporte suspendió temporalmente el servicio entre los municipios de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, y Yarumal, en el norte de ese departamento. Según señalaron en ese medio radial, la decisión la tomaron porque históricamente en esa zona el grupo subversivo ha quemado automotores y perpetrado ataques.

Incluso los transportadores de carga, reseñaron en Caracol Radio, también anunciaron que paralizarán sus actividades ante la tensa situación de incursiones armadas de la que muchos consideran la última guerrilla de Colombia.

“Tenemos alertas especialmente en la vía Medellín- Quibdó y en la vía a la Costa”, dijo en esa emisora Anderson Quiceno, uno de los representantes de los transportadores.

Entre tanto, en RCN Radio informaron que el transporte de pasajeros desde Barranquilla hacia el interior del país también fue suspendido luego de que en la mañana del miércoles el Eln destruyera con cargas explosivas el puente vehicular de Trujillos en el sur de Cesar.

En la emisora indicaron que no hay tiquetes para viajar a Bogotá, Medellín, Ibagué, como tampoco para el oriente del país a Bucaramanga y Cúcuta.

También consultaron con uno de los transportadores quien señaló que por ahora solo se moverían en la costa Caribe por el temor de que pueda ocurrir un atentado de los guerrilleros.

“Estamos llegando a La Guajira, incluso a Valledupar, pero más allá, por el Magdalena Medio, hemos desistido, además porque no hay cómo llegar”, afirmó uno de los conductores afectados por el paro armado.

En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tienen un registro de 18 acciones terroristas por parte los subversivos siete de ellas en Norte de Santander, nueve en el Cauca, una en Nariño y la del Cesar.

Como consecuencia de esta oleada de ataques durante el miércoles, en Cúcuta (Norte de Santander), los padres de familia tienen miedo de enviar a sus hijos a clases. Otros acudientes, que sí están dispuestos a que los menores asistan a los centros educativos, no pueden enviarlos porque las rutas escolares no están funcionando. La situación es más grave en áreas rurales, donde el riesgo es mayor porque ya se reportó una amenaza directa contra un plantel educativo.

“En el caso rural nosotros hemos ya recibido unas decisiones de la comunidad, en el sentido que no es conveniente la prestación del servicio educativo en esas condiciones. En algún corregimiento del Catatumbo se presentó ayer una situación donde se conminó a los profesores a que no abrieran las instituciones educativas”, aseguró Hugo Cárdenas, directivo de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) en entrevista con RCN Radio.

Precisamente en la madrugada del miércoles se reportó una explosión en zona rural de Cúcuta. El hecho se presentó hacia las 2:00 a. m. en un sector conocido como García Herreros. La fuerza pública acordonó el lugar de inmediato.

Además, en la mañana las autoridades encontraron un paquete sospechoso con emblemas del ELN que fue abandonado en el área metropolitana de la capital nortesantandereana.

“Muy lamentable la situación de orden público en el departamento que afecta indudablemente la prestación del servicio de la educación. Pero hemos planteado que cada institución educativa, cada rector, los profesores y los padres de familia evalúen la situación en cada institución puesto que no hay una amenaza directa al establecimiento educativo, pero si hay una situación de amenaza en contra de la movilidad, frente al transporte”, indicó Cárdenas.

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