Defensoría del Pueblo pidió a la JEP abrir un nuevo macrocaso sobre violencia sexual

Se trata del segundo organismo de control que le hace esa solicitud al tribunal de justicia transicional

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/ Colprensa
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La Defensoría del Pueblo reiteró, este sábado 28 de agosto, su llamado para que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) abra un nuevo macrocaso enfocado directamente a la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, por todos sus actores, principalmente en contra de mujeres, niñas, niños y personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La petición se da luego de que ese organismo de justicia transicional creado para el posconflicto anunciara la próxima apertura de dos ‘casos sombrilla’ con el fin de investigar masacres, violencia sexual, desplazamiento y desaparición forzadas.

Ante este escenario, el jefe de la entidad encargada de defender los derechos de los colombianos, Carlos Camargo, consideró que es necesario que, ante la magnitud y gravedad de la violencia sexual, el alto tribunal abra un macrocaso completo y dedicado a este tema, “tal como lo han solicitado reiteradamente quienes padecieron estos hechos, las organizaciones de la sociedad civil que las representan y, recientemente, el Ministerio Público”.

“Desatender este clamor puede conducir a que se perpetúe la impunidad respecto de las violencias basadas en género ocurridas en el contexto de las confrontaciones armadas, a que persistan los obstáculos para su investigación ya advertidas en el marco de los macrocasos abiertos y a no tener oportunidad de abordar la judicialización de conductas como, por ejemplo, las distintas agresiones sexuales intrafilas sufridas por mujeres adultas combatientes”, aseguró el funcionario por medio de un comunicado oficial.

Valga recordar que no es el único organismo de control que ha pedido la apertura de nuevas líneas durante el último mes. la Procuraduría General de la Nación hizo lo propio hace apenas dos semanas, al señalar que era necesario abrir cuatro nuevos macrocasos para que se investiguen los métodos de guerra ilícitos, el desplazamiento forzado, la violencia sexual y la desaparición en el marco del conflicto armado en Colombia.

El Ministerio Público pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas del tribunal de paz materializar la selección de estos nuevos macrocasos por solicitud de las víctimas, con el fin de que se cumpla la obligación de juzgar los graves crímenes que han sido documentados por la entidad.

“Teniendo en cuenta la magnitud de la victimización de casos y, a su vez, la identificación de las prácticas macrocriminales perpetradas por actores armados a lo largo del conflicto, el ente de control pidió a la JEP que para estos macrocasos se desarrollen estrategias de investigación que respondan a las demandas y afectaciones de las víctimas, dado que resulta imperioso superar las condiciones que llevaron a la ocurrencia de estos hechos y garantizar su no repetición”, señaló la Procuraduría.

En ese sentido, el ministerio público argumentó que para realizar esta petición se llevó a cabo una recopilación de diferentes fuentes de información a través de un análisis cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos crímenes, en las que se contemplaron fuentes oficiales como instituciones del Estado y organizaciones de víctimas que solicitaron intervención ante la justicia transicional.

Con relación a los macrocasos, la Procuraduría señaló que logró identificar más de 80.000 víctimas de desaparición forzada en el país en el marco del conflicto armado, lo que constituye una práctica sostenida y deliberada por parte de los actores armados que son competencia de la JEP y registran altos índices de impunidad.

Con respecto a la solicitud de apertura del macrocaso de violencia sexual y violencia basada en género, la Procuraduría identificó un universo de más de 2.000 víctimas en el que se enfatiza la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados, así como el impacto desproporcionado que estos hechos generan en niños, niñas y adolescentes y la población étnica y LGTBI”, señaló la entidad.

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