El desplazamiento forzado aumentó el doble, pero la Procuraduría afirma que el gobierno Duque es el que más ha invertido en el Acuerdo Final de Paz

En el primer semestre de este 2021, en comparación con el mismo lapso del año pasado, la violencia en Colombia se recrudeció, específicamente en lo que respecta al desplazamiento forzado y al confinamiento armado. Quien dio a conocer esta información fue la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, durante la la presentación del octavo informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y Decretos Ley Étnicos.

Entre enero y junio se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado. La cifra es desalentadora tomando el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron “51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias”, de acuerdo con la Procuraduría.

En ese lapso de un año también se registraron 78 casos de confinamiento armado que afectaron a 19.456 familias, es decir, a 84.686 colombianos. Lo que deja en evidencia esta cifra, como lo han explicado expertos en conflicto como Luis Fernando Trejos a Infobae Colombia, es que debido a la dificultad de traficar narcóticos cuando se cerraron las vías y los puertos por la pandemia, las estructuras criminales se dedicaron a disputar el control territorial en zonas olvidadas por el Estado, buscando desempeñar un rol casi que de autoridad.

Al respecto Cabello manifestó: “Nos preocupa el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control de las rentas ilegales en el territorio, que termina revictimizando especialmente a comunidades étnicas y rurales, mujeres, niños y niñas”.

Acerca de el recrudecimiento de la violencia, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le llamó la “atención al Gobierno Nacional y las entidades competentes sobre la necesidad de atender la profundización del conflicto armado en el país, que continúa generando violaciones a los Derechos Humanos y aumentando su número de víctimas”.

En materia de reparación de víctimas “se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales”, según la Procuraduría General de la Nación.

SE INVIRTIÓ MÁS EN LA PAZ, SEGÚN LA PROCURADURÍA

En un comunicado de prensa, la Procuraduría explicó que durante la presentación se destacó “la inversión realizada por este Gobierno frente al reto de la implementación del Acuerdo Final de Paz, siendo el que más ha invertido recursos en ello, con un esfuerzo fiscal de $135,5 billones, entre 2012 y 2021″.

El aumento del presupuesto, sin embargo, contrasta con el incremento de las masacres desde 2017 que, según las comunidades, se debe a la falta de implementación de los acuerdos, evidenciado en las cifras Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): en 2017, 12 masacres dejaron 49 víctimas; en 2018, 27 masacres con 105 víctimas; en 2019, 35 masacres que le costaron la vida a 113 personas; y 2020 cerró con 76 masacres, con 292 asesinados.

La Procuraduría agregó que se requieren $ 328,3 billones adicionales para garantizar a las víctimas una reparación integral.

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