Fiscalía General de la Nación solicitó información de investigaciones sobre violencia policial durante el paro nacional

Este 31 de mayo, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, solicitó a Diego Molano, ministro de Defensa, toda la información que tenga en su poder sobre las investigaciones que adelanta la Justicia Penal Militar por excesos de la fuerza pública durante las protestas pacíficas que ya cumplen 33 días.

Barbosa solicitó que se remitan inmediatamente los casos que están relacionados con lesiones personales y delitos sexuales.

“Solicito la remisión inmediata de las diligencias y elementos de prueba relativos a los casos que, dentro del marco ya descrito, se relacionen con la presunta comisión de homicidios, lesiones personales dolosas y delitos sexuales. Igualmente, las actuaciones que se hayan adelantado en relación con la posible participación de particulares armados en las acciones de la Policía Nacional en el barrio Ciudad Jardín, de la ciudad de Cali, hechos sobre los cuales un fiscal destacado de esta institución y asumir conocimiento desde el pasado 9 de mayo. Lo anterior, con miras a que la Fiscalía General de la Nación cumpla con las competencias constitucionales y legales que le corresponden”, se puede leer en texto.

Así mismo, pidió los avances de las acciones que se hayan adelantado en relación con la posible participación de particulares armados en las intervenciones de la Policía en el barrio Ciudad Jardín de Cali.

Este es el texto completo:

Barbosa finalizó agradeciendo la colaboración del ministerio de Defensa y asegurando que esta solicitud es necesaria para que se pueda desarrollar su labor “de acuerdo con las reglas de competencia previstas en la Constitución y la ley”, así como la colaboración “armónica entre los poderes públicos”.

Organizaciones solicitan la intervención de la OEA en Colombia

La solicitud, dirigida al secretario general de dicha organización, Luis Almagro, la firmaron un total de 503 organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas 68 de corte internacional. En la misma, ofrecen detalles sobre las que consideran graves vulneraciones a los derechos humanos, por lo que se ven en la necesidad de invocar la Carta Democrática Interamericana.

A causa de esta última, los 2.300 firmantes —incluidos varios congresistas colombianos— le manifiestan a Almagro que resulta imperativo hacer una convocatoria “de manera pronta y con carácter de urgencia” al consejo permanente de la OEA para que este, a su vez, le llame la atención a las autoridades colombianas para que permitan la estructuración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el acompañamiento de la CIDH.

De igual forma, le piden al consejo que en su reunión se tomen el tiempo para analizar las denuncias de homicidios, ataques contra la libertad de expresión, amenazas de muerte, violencia sexual y basada en enfoque de género.

En ese sentido, el documento presenta el siguiente conteo: “durante estos 29 días un uso desmedido de la fuerza y acciones reiteradas y masivas de brutalidad policial, reportándose al menos 43 ejecuciones por parte de la fuerza pública (cada 13 horas un manifestante asesinado), 715 personas han sufrido lesiones personales por el accionar desproporcionado de la fuerza pública (cada 46 minutos una persona herida), 96 agresiones a defensores de derechos humanos (cada seis horas una agresión), 1264 detenciones arbitrarias (cada 27 minutos una privación ilegal de la libertad y 21 víctimas de violencia sexual (1,1 víctimas cada día)”.

No sobra contrastar dichas cifras con las oficiales presentadas por el Ministerio de Defensa de Colombia, que hablan de 1.065 civiles lesionados y de 45 fallecidos, de los cuales 17 están directamente relacionados con la protesta. Igualmente, señalan que hay 1.102 miembros de la fuerza pública heridos y dos muertos. Esto, en un contexto de 10.414 actividades de protesta de todo tipo, que deja 1.190 intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 1.009 capturados, 116.078 comparendos y 157 investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública.

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