A la cárcel presuntos enlaces de estructura criminal trasnacional dedicada a la trata de personas

Un nuevo resultado contra la defensa de los derechos de las mujeres, definido como priorización por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se dio en las últimas horas en país. Se trata de la desarticulación de una banda criminal trasnacional dedicada a la trata de personas.

Ante la contundencia de los elementos de prueba obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos y el Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la DIJIN, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una pareja de esposos y una mujer, quienes serían los encargados de contactar a las mujeres que posteriormente serían explotadas sexualmente en otras partes del mundo.

De acuerdo con las autoridades, los afectados con la decisión son: los esposos Martha Lucía Osorio Cárdenas y Fernando Zuleta Bermúdez, y Leidy Johana Osorio Bermúdez.

“Esta red de trata de personas es señalada de enviar mediante engaños a mujeres colombianas a Asia y Centroamérica. Pudimos determinar que las víctimas eran contactadas en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero”, afirmó Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las violaciones a los derechos humanos.

Y es que todo parece indicar que estas tres personas contactaban a jóvenes de escasos recursos y en condiciones vulnerables en Bogotá, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, quienes ante las necesidades económicas se veían obligadas a aceptar los aparentes trabajos en el exterior que los delincuentes les ofrecían.

Asimismo, se logró establecer que los capturados tendrían la función de convencerlas de viajar y facilitarles dinero, ropa y documentos para que pudieran llegar a países como Singapur, China y Panamá.

La Fiscalía informó que, cuando las mujeres estaban en estos países, supuestamente, eran obligadas a ejercer actividades de tipo sexual, les quitaban los pasaportes y las retenían en medio de amenazas. Esto se pudo establecer de acuerdo con por lo menos 10 testimonios de víctimas que lograron escapar, en donde confesaron que no recibían retribución económica y que el dinero se los arrebataban para cubrir una deuda que siempre iba en aumento.

Ante el conocimiento de los hechos, la Fiscalía imputó a los procesados, según su posible participación, los delitos de concierto para delinquir y trata de personas. En el curso de la investigación se estableció que Martha Lucía Osorio Cárdenas había sido judicializada por conductas similares en 2013.

Gracias a la articulación de capacidades de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional se logró la captura de estos presuntos integrantes de la red de trata de personas, en diligencias de registro realizadas en Buga y Cartago (Valle del Cauca).

Hechos similares en La Guajira

En esa zona del país fueron capturadas siete personas señaladas de pertenecer a una organización de delincuencia transnacional dedicada al tráfico de migrantes con fines de explotación sexual en el país.

La detención de estas personas se logró mediante acciones en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Valledupar y el municipio de Villanueva en La Guajira.

El general Fernando Murillo, director de la Dijín, aseguró de acuerdo con RCN Radio que la investigación que duró aproximadamente 16 meses, “inició con un reporte del Grupo de Articulación Operacional de Policía Judicial de Migración Colombia, en el que se evidenciaba el incremento de ciudadanos extranjeros con falsos Permisos Especiales de Permanencia conocidos como P.E.P y otros, que eran generados mediante el acceso abusivo a los sistemas informáticos de la entidad”.

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