Dos exdirectivos de Metrocali fueron imputados por presuntas irregularidades de contratación

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de garantías a dos exdirectivos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali (Metrocali), por posibles irregularidades de contratación en una obra que nunca se ejecutó.

En las investigaciones adelantadas por las autoridades se estableció que, en octubre de 2007, se celebró un contrato para la construcción de la terminal del barrio Calima por un valor de 22.750 millones de pesos. Las anomalías se evidenciaron porque la empresa contratada fue una entidad extranjera denominada Hafira Ve Hatziva, procedente de Israel, la cual no se especializaba en ese tipo de obras.

En las verificaciones se constató que esta firma del Medio Oriente fue escogida sin presentar ninguna prueba que constatara algún tipo de experiencia previa en este tipo de proyectos. Pues según revelaron las autoridades, su experticia estaba acreditada en obras que tuvieran que ver con demoliciones e instalación de redes hídricas.

Sin embargo, el contrato se realizó y, para marzo de 2009, se firmó el acta de inicio, la cual estipulaba que se tenía que desembolsar un anticipo de 30% del valor total de la obra, lo que equivalía a algo más de 6.800 millones de pesos.

Este dinero habría sido consignado en una cuenta personal del representante legal del contratista, hecho que también iba en contra a lo que indicaba la normatividad vigente para la época en ese tipo de negociaciones.

Seis años después, el contrato fue liquidado por Metrocali porque la obra nunca fue ejecutada. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que la empresa constructora no devolvió los recursos que le fueron reconocidos por concepto de anticipo.

“Por esos hechos y otras anomalías detectadas, un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción imputó al señor Luis Fernando Lian Arana, expresidente de Metrocali en el año 2007, el delito de celebración indebida de contratos y a Rodrigo Salazar Sarmiento, exjefe jurídico de la entidad en 2009, el delito de prevaricato por acción”, afirmó Eduard Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción.

Cabe destacar que los cargos imputados a los funcionarios no fueron aceptados por los procesados, durante una audiencia celebrada el pasado 24 de febrero.

Por su parte, Rodrigo Salazar Sarmiento, quien actualmente es el secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de Cali, se refirió a estos hechos mediante un comunicado oficial.

“No se me cuestiona por actos de apoderamiento de recursos públicos o por haber permitido que los contratistas se los apropiaran, lo que sería corrupción; tampoco por haber suscrito el contrato que, repito, se firmó en octubre de 2007, sino por haber aprobado la garantía, por lo cual se me señala de prevaricato”, argumentó el señalado.

En el documento señala que, “la Fiscalía no encontró razones para que se me impusiera alguna medida de aseguramiento, por lo que, en el acto de la audiencia, en forma unilateral se hizo retiro de la solicitud, la cual fue acogida por el juez”.

Salazar asegura que, tanto la Contraloría General de la República como la Personería Municipal lo excluyeron de cualquier cuestionamiento y lo desvincularon de toda investigación.

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