Mujer en Casanare habría vendido a su hija de tres días de nacida

Este 21 de febrero se conoció que una mujer de origen venezolano habría vendido a su hija de cuatro días de nacida en Casanare a una pareja LGBTI, que llegó a ese municipio proveniente de Duitama, Boyacá.

La mujer fue identificada, de acuerdo con RCN, como Yiliana del Carmen Serrano Tovar de 24 años y quien llegó desde Apure hasta Yopal, hace tres semanas, donde habría empezado a vender a su hija.

Según las autoridades, la mujer recibió un adelanto por parte de la pareja y luego del nacimiento recibió un millón de pesos más por la menor.

La Policía de Casanare, recoge el portal, afirmó que el 14 de febrero la mujer dio a luz a la pequeña en la residencia en la Cra 29B 21-33 del barrio El Remanso de Yopal, para luego ser trasladada al Hospital Regional de Orinoquía, donde llegó Edwin Gildardo Agredo Correa, quien dijo ser el padre de la menor.

Al salir del hospital, la mujer le entregó la menor al hombre y se fue para su casa. Al llegar sin el bebé manifestó que el pequeño había muerto en el parto, lo que generó sospechas. Las personas de su entorno dieron cuenta de lo sucedido a la Policía, que de una vez iniciaron la investigación.

Según la investigación hecha por los uniformados, en la Registraduría, certificaron que la menor había sido registrada como nacido vivo, hija de Yiliana Serrano y Edwin Agredo.

Luego de alertar a la comunidad, las unidades de la Policía lograron ubicar a Yiliana en el Terminal de Transportes de Yopal, quien aseguró que no quería tener más bebés y por eso había regalado al bebé.

La pareja de compradores fue identificada y su vehículo fue localizado en el municipio de Pajarito (Boyacá), donde lograron ser interceptados por las autoridades y llevadas a Yopal.

La noticia fue confirmada por el coronel William Quintero, Subcomandante del departamento de Policía del Casanare.

Según Medicina Legal, en 2020 se presentaron 15.359 casos de violencia sexual a menores

Luego de más de dos meses desde que el Congreso aprobara el proyecto de ley con el que se buscaba establecer que los delitos sexuales cometidos hacia los menores de edad no prescribieran, el pasado miércoles, el presidente Iván Duque sancionó la norma con la que se deberá modificar el artículo 83 de la ley 599 del 2000 del Código Penal, para que los delitos de agresión sexual contra los menores no tengan ningún límite de tiempo en el que puedan ser investigados y sancionados.

En la anterior legislación, dichos delitos prescriben a los 20 años, es decir, a partir del momento en el que la víctima cumplía la mayoría de edad. A partir de ayer, no existirá una fecha límite para indagar en estos casos y efectuar la respectiva pena.

Ante esto, Medicina Legal, instituto de análisis forense colombiano, reveló los datos de abuso sexual a menores en 2020 y explicó que las cifras no muestran del todo el panorama de abuso sexual en Colombia, ya que la mayoría de estas incidencias no se reportan a las autoridades.

Según la autoridad, tal como reporta CM&, en 2020 se reportaron 15.359 casos de violencia sexual perpetrados a menores de edad. Eso quiere decir que, diariamente, se presentaron 42 casos de este delito en el país. Estos casos son más incidentes en niñas, las cuales registran 13.011 casos y cerca del 84% del total. Por otro lado, 2.304 varones fueron víctimas de este crimen.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los casos se concentran en menores entre los 10 y 14 años de edad, con 7.257 reportes. Le siguen entre 5 y 9 años, con 4.063 casos; de 15 a 17 años, con 2.316; y finalmente de 0 a 4 años, con 1.723 registros.

De acuerdo con El Tiempo, la mayoría de victimarios son personas dentro del núcleo familiar. Entre los más incidentes, están los padrastros y padres de los menores, mostrando alta inseguridad al interior de los hogares colombianos.

Sin embargo, esta cifra disminuyó con respecto a 2019. En el año anterior al último reporte, se presentaron 22.603 casos de este delito, para el cual 19.278 niñas fueron víctimas. En un porcentaje minoritario, 3.325 niños registraron casos de abuso a la autoridad.

Según el testimonio de Francisco Bernate al medio televisivo, quién es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, en este delito concurren circunstancias de agravación que podrían extender las penas entre 8 y 30 años de prisión.

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