Fiscales estarían involucrados en el escándalo de la reventa de boletería de la ‘tricolor’

El escándalo de la reventa de la boletería de la selección de Colombia, en los partidos de local del combinado nacional rumbo a Rusia 2018, tiene un nuevo capítulo. El Tiempo reveló que la investigación penal en contra de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) avanza lento por cuenta del proceder de tres funcionarios que están involucrados en el caso.

El diario dio a conocer que el pasado 15 de enero la exfiscal Yajaira Cáceres, quien estuvo al frente de la investigación, fue llamada a imputación por ser señalada de recibir atenciones por parte de los miembros de la FCF: asistió a partidos del combinado nacional, por las clasificatorias; también a los de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y tuvo apoyo para obtener la identificación que solicitaba la FIFA para ir la cita orbital. Sin embargo, ha reiterado, en varias oportunidades, que pagó el viaje al evento con sus propios recursos.

Cáceres solicitó que fuera aplazada la imputación y le entregó copias de la investigación a Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Ambos hicieron parte del proceso de allanamiento, pero ahora están en la guillotina porque, al parecer, al menos uno de ellos tuvo el ‘privilegio’ de asistir al partido de Colombia contra Uruguay; todo esto antes de que la exfiscal les diera la documentación sobre el caso de la reventa de boletas.

Según informó El Tiempo, Betancur pidió ser separado del proceso, porque Cáceres lo mencionó en una declaración en su contra, mientras que Hernández rindió indagatoria y las autoridades estudian su situación, ya que aseguró que nunca le asignaron el caso y solo participó en la legalización de los allanamientos, por petición de sus superiores.

Así continúa la historia del escándalo en el que están involucrados, entre otros, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, su mano derecha Álvaro González Alzate y Luis Bedoya, quien también es culpable de haber hecho parte del famoso FIFAGate y está siendo procesado en los Estados Unidos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a los dirigentes con una poderosa multa que superó los 18 mil millones de pesos, en primera instancia, en julio de 2020, y la ratificó tres meses después, luego de que los señalados presentaron las pruebas en su defensa.

El castigo se les impuso por haber favorecido a la empresa Ticketshop en la adjudicación del contrato de las boletas en el camino al Mundial de 2018 y que permitió el desvío masivo de tiquetes y su venta a precios excesivos que llegaron a alcanzar un sobrecosto del 350%. Una vez se conoció el fallo de la SIC, los implicados pagaron la multa, el pasado mes de noviembre, como lo confirmó González Alzate, en CM&, y continúan en el proceso para demostrar su supuesta inocencia.

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