Tribunal Superior de Bogotá admitió tutela que busca tumbar la imputación contra Álvaro Uribe

Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela con la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez busca tumbar la imputación de cargos que se mantiene en firme en su contra por el presunto soborno de testigos. Esto no quiere decir que el exmandatario quede libre del proceso; de hecho, la admisión de ese tribunal implica que se escuchará la opinión de las otras partes del proceso sobre la petición de Uribe.

En noviembre de 2020, un juzgado de conocimiento confirmó la libertad del expresidente, pero dejó en firme la imputación de la justicia por el proceso que avanza en su contra por el presunto soborno de testigos. A través de su abogado, Jaime Granados, Uribe presentó una acción de tutela para retirar la imputación, alegando que el juez se extralimitó en sus funciones.

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“Esperamos que el juez de tutela obre en derecho”, dijo Granados a El Tiempo y agregó que la acción de tutela reclama que, contra su apoderado no se realizó una imputación, sino una formulación de cargos y mantenerla o no, era una decisión de la Fiscalía, pero no del funcionario judicial.

El abogado Jaime Granados afirmó que, el juez definió asuntos que no hacían parte del objeto de la audiencia y debió limitar su pronunciamiento exclusivamente sobre el tema de la libertad del expresidente.

Tras recibir la acción judicial de la defensa jurídica del expresidente, en las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá admitió la tutela y remitió el proceso a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y a las consideradas víctimas, entre ellas el senador Iván Cepeda, para que se pronuncien, en un día hábil, a favor o en contra de la petición del exmandatario.

Los argumentos de Uribe y su defensa

El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe durante el proceso judicial por el que fue privado de la libertad en su domicilio, interpuso una acción de tutela contra el juez cuarto penal de Bogotá argumentando que vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del exmandatario, tras determinar que él ya pasó por una imputación de cargos.

De acuerdo con Granados, el juez “desbordó su competencia” al decidir en temas que le competen exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, pues tras dar la orden de dejarlo en libertad, consideró como imputación la indagatoria que sostuvo la Corte Suprema de Justicia contra Uribe, teniendo en cuenta que antes de renunciar al Senado, el político declaró ante un tribunal de aforados y posteriormente su caso quedó en manos de la Fiscalía.

De acuerdo con el juez a cargo, aquella indagatoria de la Corte es equivalente a una imputación y, desde el momento en que Uribe renunció al Congreso de la República y fue indagado, la Fiscalía tenía un plazo de 120 días para decidir si lo acusaba y lo llamaba a juicio, o si le archivaba el proceso.

En la tutela interpuesta por Granados, el abogado solicita mantener la libertad de Uribe, considerando que ese ya no es un tema de discusión, y de ese modo, dejar sin efectos la decisión que condicionó a Uribe como ciudadano ya imputado por la justicia.

En apartes del documento con el que la defensa de Uribe tuteló al juez cuarto penal de Bogotá, se lee que, con la decisión no hay claridad del número de delitos que se le están imputando a Uribe:

Granados describió el proceder del juez como un relato que no cumple con determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar, para cada uno de los presuntos delitos que habría cometido Uribe.

Otro de sus argumentos de la defensa tiene que ver con que el juez a cargo en la audiencia desconoció que solo la Fiscalía está facultada para imputar cargos y en este caso fue un juez de control de garantías, en segunda instancia, quien dejó en la condición de imputado al exsenador:

Por otra parte, desde la Fiscalía General de la Nación consideran que tras la realización de la audiencia en la que se definía en segunda instancia la libertad del expresidente, Uribe no se encontraba imputado. Así lo puso en conocimiento Gabriel Jaimes, fiscal delegado por Francisco Barbosa para tratar el caso Uribe.

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