Fortalecer la educación nutricional en casa será clave para la alimentación escolar en el 2021

La Contraloría, con el apoyo de profesores de las Facultades de Medicina, Nutrición y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, señalaron que es necesario para las familias entender la importancia el uso adecuado de estas ayudas.

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Entre marzo y noviembre de
Entre marzo y noviembre de 2020 se entregaron en Bogotá 4.528.751 bonos alimentarios y 152.778 canastas alimentarias. Cortesía: Agencia de Noticias UNAL.

El próximo 25 de enero inicia el calendario escolar, específicamente para colegios públicos de Bogotá, y con este se reanudará la estrategia de la Alcaldía de la ciudad de entregar, a través de almacenes de cadena, bonos canjeables por alimentos a estudiantes de zonas urbanas y canastas de alimentos para preparar en casa en zona rurales. Este plan sigue la directriz del Gobierno nacional de garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para consumo en el hogar, durante todo el periodo de continuidad de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19.

El profesor Jhon Jairo Bejarano del departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia, aseguró que estos recursos tienen que seguir vigentes dado que, para este año, uno de los mayores desafíos es fortalecer los buenos hábitos, el conocimiento de los nutrientes esenciales y los grupos alimenticios esenciales de la canasta familiar por parte de los padres. Otro reto de la alimentación escolar, sostuvo, son las practicas higiénico-sanitarias. La pandemia, explicó el profesor Bejarano, trajo consigo el retorno de estas actividades muchas veces olvidadas y que cumplen un papel fundamental en la preparación de alimentación, como lo es el lavado de manos.

Bejarano también señaló que los hogares son el lugar donde mas se presentan brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), al 1 de agosto de 2020, se reportaron 3.079 de estos casos, de los cuales, 139 se presentaron en hogares y 34 en restaurantes.

Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe muestran que, alrededor de 85 millones de niños reciben alimentos de los PAE y, para cerca de 10 millones de ellos, estas ayudas son uno de los principales elementos de seguridad alimentaria y nutricional al día. Además, en julio de 2020, el BID señaló que, debido a la pandemia, el cierre de colegios afectó la continuidad de esta política social “que permite ejercer el derecho a la alimentación adecuada, de la cual se benefician las familias mas vulnerables”.

Por lo anterior, el profesor Bejarano reitero la importancia de los PAE como componentes fundamentales de los sistemas de protección social debido, además, a su “amplia cobertura, su orientación universal y los impactos directos que tiene sobre el bienestar infantil”, aunque en países como Colombia, la corrupción y las irregularidades hacen que el programa afronte graves dificultades.

En 2019, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana contactó a los profesores Bejarano y John Muaro Perdomo de la Facultad de Ciencias Económicas, así como a la Red Universitaria Anticorrupción (UVA) para elaborar el ‘Diagnostico perceptivo sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE)’. Así, a partir de hallazgos fiscales y encuestas a padres, rectores de colegios y niños, entre otras poblaciones beneficiadas, se evidenciaron mayores problemas en Chocó, Nariño, La Guajira, Bolívar, San Andrés, Cundinamarca, Norte de Santander, Amazonas, Quindio, Vichada y Bogotá.

Algunos de los inconvenientes fueron las deficiencias en la infraestructura de comedores, irregularidades en los procesos de contratación y pago de ecónomas, menús que no cuentan con particularidades socioculturales y médicas adecuadas según los beneficiarios, falta de conocimiento y seguimiento del programa, operadores que no cumplen con las condiciones de operación e inconformidad con las raciones. Esta investigación y trabajo de campo, señaló el profesor Bejarano, hicieron posible el empoderamiento de los distintos actores afectados y la articulación con el Ministerio de Educación para mejorar la política publica y generar compromisos puntuales.