La Justicia colombiana falló que sí se pueden comprar empanadas en la calle

La Corte Constitucional de Colombia falló sobre el caso de un ciudadano que fue multado con una sanción de 830 mil pesos (USD 242) por comprar una empanada en la calle, lo cual, según los policías que impusieron la multa, violaba el Código de Policía.

Pues bien, el alto tribunal determinó en su fallo que estas multas no pueden estar dirigidas a los compradores de empanadas ni de cualquier otro producto de venta informal en la calle, ya que son las mafias que promueven las ventas informales de manera masiva el objeto de persecución y sanción que deben tener en la mira las autoridades policiales.

Ocho de los 9 magistrados de la Corte votaron en este sentido, el cual aclara lo dispuesto por el artículo 140 numeral 6 del Código de Policía, que se refiere a la promoción de las ventas ambulantes.

Bajo este argumento se multó al joven estudiante Johan Steven Claros, quien suele comprar empanadas para el desayuno en la esquina donde espera el bus. Cuando se conoció el caso, las redes estallaron en indignación y hubo toda una oleada de críticas a la policía y a los congresistas que aprobaron la norma. Lo grave, afirmaban los juristas que en ese momento demandaron la norma, era que dicha sanción se tomara como protocolo de cumplimiento para esta norma y por ende se terminara criminalizando a los ciudadanos que compran en negocios ambulantes o a quienes para rebuscarse un trabajo tienen sus negocios informales en las esquinas.

Es por esto que la Corte aclara en su fallo: “Los promotores a los que hace referencia la norma son quienes facilitan (legal o ilegalmente) la distribución y venta de productos en espacio público y para ello utilizan a los vendedores informales”. Es decir, la norma castiga a las mafias y no a los ciudadanos.

En Colombia la informalidad laboral es un problema complejo que responde a la desigualdad social y falta de oportunidades, por lo que muchas personas acuden a este tipo de soluciones para proveer su sustento y el de sus familias, pero también se vuelven vulnerables ante la criminalidad que los extorsiona ilegalmente por el uso del espacio público.