El pasado viernes unos hombres encapuchados irrumpieron en la finca de María Magdalena Cruz Rojas en Meta mientras conversaba con su esposo e hijo, y la asesinaron de varios disparos.
Así denunció la fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y el Centro de Colombia (DHOC) la muerte de esta líder productora de coca del municipio de Mapiripán.
Cruz Rojas era una dirigente campesina que encabezaba el movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán. Y era representante de su grupo veredal ante la comisión de planeación participativa del municipio, que durante años fue escenario del conflicto armado y sede del paramilitarismo, que realizó una masacre en la zona donde murieron decenas de personas. Y que ahora es ocupado por disidentes de las FARC.
"Era una incansable luchadora en busca del mejoramiento y bienestar de las comunidades del interveredal, región limítrofe de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán", dijo DHOC en el comunicado. Asimismo, se dedicaba a gestionar proyectos y programas para el sector donde residía; y ya había anunciado amenazas de muerte.
El asesinato de Cruz Rojas es el segundo que se registra en el Meta en la misma semana. El martes 27 de marzo, en la vereda El Palmar, del municipio de La Macarena, la víctima fue Israel Fajardo, quien en 1968 fundó la primera Junta de Acción Comunal de la zona.
José Eliécer Marín, presidente de Corpoamem, dijo a El Colombiano que los intereses de los líderes sociales chocan con los de las "mafias de la coca y las mafias de la tierra, porque para ellos es un problema que se hable de sustitución de cultivos, devolución o reforma de tierras".
Distintas organizaciones internacionales han hecho en múltiples ocasiones llamados al gobierno Nacional para reforzar la seguridad de los activistas sociales, por el riesgo que corren a manos de grupos armados dedicados al narcotráfico, como el ELN, el APL, disidentes de las FARC y el Clan del Golfo.
Las cifras son escandalosas. Entre 2016 y lo que va de 2018, más de 262 líderes sociales han sido asesinados, según recoge un informe realizado por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín). Y datos de Somos Defensores advierten que el año pasado "en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia".
De ese total, 143 líderes murieron de forma violenta en 2016, 102 en 2017 y otros 17 en 2018. Y en el 87% de estos homicidios se ha podido establecer quién ha sido el autor material del hecho. La Dijín señala de estos hechos a "integrantes de facciones criminales de estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos residuales de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros del Clan del Golfo".
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