La investigación por el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la Fiscalía General del Estado presentó en audiencia preparatoria de juicio nuevos elementos con los que busca sustentar la acusación contra el exministro del Interior José Serrano, a quien ahora atribuye un papel determinante en la planificación del crimen como presunto financista y proveedor de información estratégica sobre los movimientos de la víctima.
La exposición se produjo dentro del denominado caso Magnicidio FV, proceso en el que el Ministerio Público intenta llevar a juicio a quienes considera los autores intelectuales del asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023, a la salida de un acto de campaña en el norte de Quito. En esta etapa procesal, la Fiscalía presenta los elementos de convicción recabados durante la investigación para que el juez determine si existen méritos suficientes para abrir la fase de juzgamiento.
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Durante la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo sostuvo que Serrano no solo habría tenido acceso a información sensible sobre el esquema de seguridad de Villavicencio, sino que además habría contribuido económicamente a la ejecución del atentado. Esa es una de las principales novedades de la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público, pues en etapas anteriores la investigación había concentrado los señalamientos contra el exministro principalmente en la supuesta entrega de información reservada.
Para respaldar esa hipótesis, la Fiscalía presentó la declaración de Lenín Vimos, quien aseguró haber conocido, por referencia de un tercero, que el exvicepresidente Jorge Glas habría dispuesto a Ronny Aleaga la ejecución del asesinato y que José Serrano habría asumido el financiamiento de la operación. La versión fue incorporada por el Ministerio Público como uno de los elementos de convicción que sustentan la acusación, aunque corresponderá al tribunal valorar posteriormente su alcance y fuerza probatoria.
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La Fiscalía también reprodujo parte de la declaración de Daniel Salcedo, procesado en esta causa y sentenciado en otros casos de corrupción. Según la exposición fiscal, Salcedo afirmó que Serrano habría coordinado la obtención de información sobre los desplazamientos y las condiciones de seguridad de Villavicencio mediante personas de su entorno y contactos dentro de la Policía Nacional.
De acuerdo con esa versión, quienes planificaban el atentado conocían cuándo el entonces candidato utilizaba un vehículo blindado y cuándo realizaba desplazamientos sin esa protección. Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, esos datos habrían permitido definir el momento en que se ejecutó el ataque que acabó con la vida del periodista y candidato presidencial.
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La acusación contra Serrano forma parte de una investigación más amplia sobre la supuesta estructura que habría organizado el asesinato. El Ministerio Público sostiene que Xavier Jordán habría impulsado y financiado inicialmente la operación; Ronny Aleaga habría actuado como articulador político; José Serrano habría aportado recursos e información estratégica; Daniel Salcedo habría servido como enlace entre distintos participantes; y varios integrantes de la organización criminal Los Lobos habrían intervenido en la planificación y ejecución del crimen.
El magnicidio sucedió a 11 días de las elecciones extraordinarias de ese año y estremeció a los ecuatorianos. La familia de Villavicencio no solo ha enfrentado el caos de quienes deben reclamar justicia, sino que se han enfrentado a ataques digitales y a los intereses políticos alrededor del caso.
En el proceso también son investigados Wilmer Chavarría, alias “Pipo”; Esteban Aguilar, conocido como “Lobo Menor”; y Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”, a quienes la Fiscalía identifica como parte de la organización criminal presuntamente involucrada en el magnicidio.
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La vinculación de Serrano al caso no es reciente. Desde 2025, cuando fue incorporado formalmente a la investigación, la Fiscalía ha sostenido que el exministro habría utilizado sus contactos para acceder a información reservada relacionada con la seguridad de Villavicencio. Sin embargo, la exposición realizada durante esta audiencia marca un cambio en el énfasis de la acusación al incorporar expresamente el señalamiento de que también habría financiado la operación criminal.
La audiencia preparatoria de juicio continúa con la presentación de los argumentos y elementos de convicción de las partes antes de que el juez decida si los procesados deben enfrentar un juicio penal.
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