
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó este lunes el despliegue de 4.000 efectivos de policía y fuerzas militares en Quito para contener el avance del crimen organizado en la capital.
El operativo, denominado Plan de Protección de Quito, distribuirá en partes iguales los efectivos entre las dos fuerzas: 2.000 agentes de la Policía Nacional y 2.000 soldados. Los primeros cubrirán los puntos de mayor tránsito ciudadano —colegios, estaciones de metro, paradas de autobús, mercados, bancos, centros comerciales y barrios—, mientras que los militares se concentrarán en los enclaves que el Gobierno considera más críticos de la ciudad.
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El despliegue se concentrará en las franjas de mayor movilidad, de 04:00 a 11:00 (09:00 a 16:00 GMT) y de 17:00 a 02:00 (22:00 a 07:00 GMT). Para reforzar la capacidad operativa, las fuerzas de seguridad contarán además con 100 vehículos y motocicletas, y 20 drones.

La Presidencia informó en un comunicado que se intensificarán los controles en los ingresos a Quito y en vías identificadas con presencia de estructuras criminales, entre ellas la avenida Simón Bolívar. El operativo abarcará también el centro histórico de la localidad y los sectores de mayor afluencia.
“A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa, cada ataque tendrá una respuesta más fuerte", afirmó Noboa en el video difundido en su cuenta de Instagram, y añadió: “Inicia una nueva etapa, donde la luz que irradia Quito seguirá siendo referente en el continente entero".
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La medida responde a una serie de hechos que evidenciaron el deterioro de la seguridad en Quito. El 29 de julio, la Policía halló un cuerpo embalado y decapitado colgado de un puente sobre la avenida Simón Bolívar, un tipo de hecho que hasta entonces solo se había registrado en municipios costeros como Durán y Guayaquil, entre los más violentos del país.

Días antes, el 21 de julio, tres universidades locales habían alertado públicamente sobre el aumento de robos, asaltos y casos de estudiantes drogados en los alrededores de sus campus, y reclamaron la intervención del Estado. El Gobierno respondió con un plan focalizado en los exteriores de centros de educación superior en ocho provincias, que antecede al operativo ahora puesto en marcha.
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Pichincha, cuya capital es Quito, integra desde junio pasado el grupo de diez provincias bajo estado de excepción, una medida que el mandatario ha aplicado de manera sostenida durante los últimos dos años frente al deterioro del orden público en las zonas más golpeadas por las bandas criminales.
A inicios de 2024, el presidente declaró el “conflicto armado interno” para ampliar el alcance legal de las operaciones militares frente al alza de homicidios. “Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer”, afirmó este lunes.
(Con información de EP y EFE)
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