La Justicia de Bolivia dispuso este viernes la prisión domiciliaria para Mauricio Medinaceli, ex ministro de Hidrocarburos y Energías, luego de que el juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz resolvió las medidas cautelares que lo vinculan a la investigación sobre la importación y distribución de gasolina adulterada, en el caso conocido como “gasolina basura”.
Medinaceli, destituido en abril, quedó sujeto a una fianza de 100.000 bolivianos y a la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía, además de quedar impedido de concurrir a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades ligadas al proceso.
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El juzgado también ordenó el arraigo de Medinaceli y le prohibió comunicarse con testigos, peritos o implicados. Durante la audiencia, el ex ministro reiteró su inocencia y expuso su situación familiar: sostuvo que debía cuidar a su madre, de casi 80 años y con problemas de movilidad, como parte de su defensa.
La Fiscalía lo imputó por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, con el argumento de que omitió acciones para suspender la distribución del combustible adulterado, no exigió controles de calidad y no coordinó medidas extraordinarias con YPFB ni la ANH para evitar el daño al parque automotor.
El caso de la gasolina adulterada, rebautizada como “gasolina basura” o “desestabilizada”, generó más de 70.000 reclamos de usuarios en Bolivia hasta junio, según datos oficiales de YPFB. Las quejas provinieron de conductores que informaron daños en motores y sistemas de combustión, lo que derivó en protestas y huelgas de sindicatos de transportistas en ciudades como La Paz y El Alto.
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El origen del problema se remontó a la adquisición de combustible por parte del Gobierno de Rodrigo Paz y a la posterior detección de residuos de goma y manganeso en tanques de almacenamiento. Según YPFB, estos elementos alteraron la composición de la gasolina y provocaron fallas en miles de vehículos. En respuesta, el Gobierno suspendió los contratos con las firmas proveedoras internacionales Vitol y Trafigura, señaladas por los problemas de calidad.
La aseguradora estatal Unibienes informó que hasta junio se pagaron compensaciones por 13,1 millones de dólares, mientras YPFB reforzó controles, limpió tanques de almacenamiento y elevó los parámetros de calidad exigidos a los proveedores.
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El Gobierno atribuyó el incidente a una situación heredada y a un supuesto boicot, mientras la comisión parlamentaria remarcó responsabilidades tanto de la gestión actual como de la administración de Luis Arce (2020-2025).
El vicepresidente Edmand Lara, identificado con la oposición, celebró la labor de la Fiscalía y de los legisladores, e instó a que se aplique el máximo rigor de la ley a Medinaceli y a otros involucrados.
El reemplazo de Medinaceli, Marcelo Blanco, recibió la instrucción de garantizar la calidad del combustible y de promover una nueva ley de hidrocarburos, en medio de la presión social y política por el escándalo del combustible adulterado.
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(Con información de Europa Press y EFE)
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