
La investigación por el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio continúa ampliando el mapa de relaciones entre los actores que aparecen en el expediente judicial. La más reciente evidencia incorporada por la Fiscalía proviene de la pericia informática realizada al teléfono celular de María Paula Christiansen, pareja del exministro del Interior José Serrano, cuyo contenido reveló conversaciones con Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, sobre distintos episodios relacionados con el proceso penal y con la situación judicial del exfuncionario.
Los mensajes forman parte del caso conocido como Magnicidio FV y fueron incorporados durante la audiencia preparatoria de juicio en la que Serrano enfrenta un proceso junto con el procesado Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, investigados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del asesinato del entonces candidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
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A diferencia de otros chats recuperados del mismo dispositivo, que se concentran en conversaciones con algunos de los procesados, los intercambios entre Christiansen y Sarauz muestran una relación de confianza que se desarrolló mientras avanzaba la investigación del crimen y que incluyó conversaciones sobre la seguridad de la viuda de Villavicencio, el desarrollo de las diligencias judiciales e incluso una gestión vinculada con la defensa de Serrano en Estados Unidos.

De acuerdo con la información presentada en el expediente y publicadas por Ecuavisa, ambas mantenían comunicación desde al menos 2024. Uno de los mensajes recuperados, fechado el 18 de abril de 2025, muestra a Sarauz agradeciendo a Christiansen por haberla recibido, un intercambio que evidencia que el contacto trascendía las comunicaciones relacionadas exclusivamente con el caso judicial.
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Las conversaciones cobraron mayor relevancia tras la detención de José Serrano en territorio estadounidense. El 8 de agosto de 2025, Sarauz expresó su solidaridad con Christiansen por la situación del exministro y comentó que había perdido el esquema de seguridad y el vehículo blindado que le habían sido asignados después del asesinato de su esposo, por lo que consideraba que no podía regresar a Ecuador.
Posteriormente, Christiansen solicitó a Sarauz copia de su documento de identidad y de los certificados que acreditaban su matrimonio con Fernando Villavicencio. Según el contenido de los chats incorporados al expediente, esos documentos serían utilizados para respaldar una carta destinada a fortalecer una solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Serrano ante la justicia estadounidense.
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Antes de remitir la documentación, Sarauz preguntó si existía la posibilidad de que la información llegara a hacerse pública en Ecuador. Christiansen respondió que ello no ocurriría y la conversación continuó con el envío de los archivos requeridos.

Los intercambios también muestran que ambas seguían de cerca el avance del proceso penal en Ecuador. Cuando la Fiscalía formuló cargos contra Serrano y los demás procesados por presunta autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, Sarauz compartió información sobre la audiencia y manifestó su intención de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura al considerar que no había podido acceder al expediente del caso. Christiansen respondió respaldando esa decisión.
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Tras la difusión pública de estas conversaciones, Verónica Sarauz confirmó que los mensajes son auténticos y explicó que conocía tanto a Serrano como a Christiansen desde años antes del asesinato de su esposo. Según su versión, el vínculo se originó durante la etapa en que Fernando Villavicencio mantenía comunicaciones con Serrano cuando este presidía la Asamblea Nacional y posteriormente continuó mediante contactos personales.
La pericia practicada al teléfono de Christiansen se ha convertido en una de las principales fuentes de evidencia documental incorporadas por la Fiscalía en esta etapa del proceso. Del mismo dispositivo ya habían sido recuperadas conversaciones con Xavier Jordán y otros actores investigados, utilizadas por los fiscales para reconstruir relaciones personales, contactos y gestiones que consideran relevantes para sustentar su teoría sobre la planificación del magnicidio.
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