El vicepresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, informó que espera “hasta fin de mes” resolver la crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa el país, donde en las últimas semanas se registraron largas filas de vehículos en los surtidores ante la escasez.
Según Blacud, la irregularidad del suministro se debe a la falta de “fluidez” en los controles de calidad, que se realizan desde el origen hasta la comercialización del producto, pero garantizó que se está trabajando de manera “responsable” para agilizar los procesos y solucionar las demoras.
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“El carburante está disponible; estamos teniendo problemas en la fluidez del sistema de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder garantizar (la calidad) se están realizando los controles correspondientes antes de que puedan ser comercializados en todo el territorio nacional”, afirmó en conferencia de prensa.
Según el funcionario de la petrolera, se está trabajando “arduamente” para optimizar los procesos y calcula que a finales de julio se regularice el suministro. “Estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero va a ser de una manera progresiva y los resultados se van a ir viendo día a día”, agregó Blacud.
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Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible y las filas en las estaciones de servicio parecen confirmar las cifras que señalan los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.
El martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al presidente de YPFB, Sebastián Daroca, para sostener una reunión en la que les digan “la verdad” y se discutan acciones para solucionar la crisis de combustible que desde hace casi tres años atraviesa Bolivia.
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El representante del gremio, Lucio Gómez, amenazó con protestas sociales y “convulsión”, pese al estado de excepción vigente hasta el 20 de septiembre, si no se garantiza el suministro. “Ya no toleramos más”, afirmó.
En las últimas semanas, el Gobierno ha dado al menos tres justificaciones sobre la escasez. Inicialmente se lo atribuyó a los bloqueos de caminos que impidieron la distribución, luego se hizo referencia a los nuevos protocolos de control de calidad que generan demoras y a las redes de contrabando que estarían llevando diésel y gasolina a otros países.

“Señor ministro y señor presidente de YPFB: díganos la verdad. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno? ¿Cuál es la postura de sus autoridades? Digan: ¿qué falta?, ¿falta plata?, ¿falta de responsabilidad?, ¿o qué es lo que está pasando?”, cuestionó Gómez, flanqueado por otros dirigentes sindicales.
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Más allá de la escasez actual, la crisis de carburantes tiene causas estructurales complejas de resolver. Desde el año 2023, los bolivianos enfrentan periodos cada vez más frecuentes y prolongados de desabastecimiento debido a la caída de la producción local, la dependencia de las importaciones y la escasez de dólares para su adquisición.
En diciembre, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz levantó la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante casi 20 años, lo que se tradujo en un aumento en el precio del diésel y la gasolina.
En paralelo, surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a gasolina de mala calidad que la administración de Paz admitió y atribuyó a la gestión anterior. En ese contexto, se creó un seguro de resarcimiento de daños y se implementaron nuevos controles que estarían provocando las demoras actuales.
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