Gobierno declara emergencia por gripe aviar y garantiza continuidad de proyectos prioritarios de inversión

El Consejo de Secretarios de Estado, presidido de manera virtual por el mandatario Nasry Asfura debido a la emergencia, aprobó este sábado dos decretos ejecutivos (PCM) orientados a fortalecer la respuesta del Estado ante la detección de influenza aviar de alta patogenicidad y garantizar la ejecución de importantes proyectos de inversión pública en distintas regiones del país.

Como primera medida, el Gobierno declaró emergencia sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad (H5) por un período de 180 días en todo el territorio nacional, luego de confirmarse la presencia del virus en aves silvestres y detectarse un brote en una granja de aves reproductoras ubicada en el departamento de Santa Bárbara.

La decisión fue oficializada mediante el PCM-012-2026, con el propósito de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y erradicación de la enfermedad, además de evitar que el virus se propague hacia otras zonas productivas del país.

Durante la presentación del decreto, el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, explicó que el caso fue detectado inicialmente por los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y posteriormente confirmado por un laboratorio especializado de Estados Unidos.

Tras la confirmación del virus, las autoridades activaron de inmediato los protocolos nacionales de bioseguridad para contener el brote, aplicando las medidas establecidas para este tipo de emergencias sanitarias.

Molina aseguró que el foco de infección fue controlado mediante el sacrificio sanitario de las aves afectadas y sostuvo que la producción nacional de carne de pollo y huevos no se verá comprometida, debido a que la granja intervenida corresponde únicamente a aves reproductoras y no a unidades de producción destinadas al consumo.

El funcionario añadió que Honduras cuenta con otras granjas productoras que mantienen su operación con normalidad y recordó que también existen importaciones autorizadas desde El Salvador y Costa Rica, lo que permitirá garantizar el abastecimiento del mercado nacional si fuese necesario.

Por su parte, el director del Senasa, Rafael Rodríguez, informó que la institución mantiene una vigilancia epidemiológica permanente en 209 comunidades del país, donde se han inspeccionado alrededor de 339 mil aves de traspatio como parte de las acciones preventivas.

Asimismo, detalló que las brigadas técnicas han realizado más de mil pruebas serológicas y cerca de un centenar de pruebas PCR, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier nuevo caso de influenza aviar.

Las autoridades aseguraron que el brote permanece bajo control y que ya suman nueve días sin reportarse nuevos casos en aves domésticas, resultado que atribuyen a la rápida aplicación de los protocolos sanitarios establecidos por Senasa.

El decreto también instruye a la Secretaría de Finanzas (Sefin) habilitar 20 millones de lempiras para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control de la enfermedad, además de autorizar al Senasa a realizar las contrataciones necesarias para atender la emergencia bajo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Además de la declaratoria sanitaria, el Consejo de Secretarios de Estado aprobó el PCM-013-2026, mediante el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 el proceso de transición de programas y proyectos financiados con recursos de organismos internacionales, con el objetivo de evitar interrupciones en su ejecución.

La medida permitirá a la Secretaría de Finanzas realizar los procedimientos administrativos y legales necesarios para completar el cambio de unidades ejecutoras de diversos proyectos estratégicos financiados por organismos multilaterales.

Entre ellos figura el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya ejecución será trasladada a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Asimismo, el Proyecto de Desarrollo Infantil Temprano en Comunidades de Atlántida pasará a ser administrado por la Secretaría de Salud, garantizando la continuidad de las inversiones dirigidas a fortalecer la atención integral de la primera infancia.

El decreto también faculta a la Sefin para efectuar los traslados presupuestarios correspondientes y coordinar el traspaso de archivos, bienes, equipos, suministros y demás recursos necesarios para completar la transición institucional sin afectar la ejecución de los proyectos.

Las autoridades subrayaron que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado hondureño con los organismos financieros internacionales, al tiempo que garantizan la continuidad de obras y programas considerados prioritarios para el desarrollo del país.

Con la aprobación de ambos decretos, el Gobierno pretende responder de manera simultánea a una emergencia sanitaria que requiere acciones inmediatas y preservar la ejecución de proyectos de infraestructura, agua potable, salud y desarrollo social, evitando retrasos administrativos que puedan afectar a miles de beneficiarios en distintas regiones del territorio nacional.