Relatora de las Naciones Unidas vinculó el caso Monika Silva con los riesgos para activistas en Ecuador

La muerte de la activista anticorrupción Monika Silva sumó un nuevo componente internacional después de que una relatora especial de Naciones Unidas advirtiera que el caso podría reflejar los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Ecuador. El pronunciamiento se produjo mientras la Fiscalía continúa investigando las circunstancias de la muerte de la ciudadana polaca, hallada sin vida en su vivienda de Montañita el pasado 8 de junio, y en medio de crecientes pedidos para que el proceso se desarrolle con transparencia e independencia.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, manifestó su preocupación por el caso y señaló que la muerte de Silva debe ser observada dentro de un contexto más amplio relacionado con las condiciones en las que operan activistas, veedores ciudadanos y defensores de derechos en el país.

En una declaración pública difundida el 22 de junio, la experta indicó que sigue de cerca la investigación y exhortó a las autoridades ecuatorianas a garantizar protección efectiva para quienes realizan labores de denuncia o vigilancia ciudadana.

Bolaños sostuvo que los antecedentes conocidos hasta el momento plantean interrogantes que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. Asimismo, pidió que la investigación avance de forma pronta, exhaustiva, imparcial y transparente, con el objetivo de determinar las circunstancias de la muerte y establecer eventuales responsabilidades.

La declaración de Naciones Unidas se produjo dos semanas después de que el caso comenzara a generar atención dentro y fuera de Ecuador. Silva, una ciudadana polaca que residía desde hace años en la provincia de Santa Elena, era conocida por sus denuncias públicas sobre presuntos actos de corrupción, conflictos relacionados con tierras y otras irregularidades que, según afirmaba, afectaban a comunidades de la zona costera. Su actividad la convirtió en una figura reconocida dentro de espacios de participación ciudadana y en redes sociales, donde compartía información sobre los casos que seguía.

Cuando fue encontrada sin vida en su domicilio de Montañita, las primeras versiones oficiales apuntaron a la posibilidad de una muerte autoinfligida. Sin embargo, el desarrollo posterior de las investigaciones y los resultados de pericias forenses modificaron el curso del caso. Informes conocidos durante las semanas siguientes señalaron indicios de una muerte violenta, lo que llevó a la Fiscalía a mantener abiertas líneas investigativas distintas a las consideradas inicialmente.

El cambio en las hipótesis provocó reacciones de organizaciones de derechos humanos, activistas y allegados a Silva, quienes solicitaron que la investigación tome en cuenta tanto las circunstancias del fallecimiento como el contexto en el que desarrollaba su labor. Varias de esas organizaciones sostuvieron que la activista había expresado preocupación por su seguridad debido a las denuncias que realizaba y reclamaron que se esclarezcan posibles amenazas o presiones previas.

La atención internacional sobre el caso también aumentó con la participación de autoridades polacas. Días después del hallazgo del cuerpo, representantes diplomáticos de Polonia se involucraron en el seguimiento de las investigaciones y solicitaron información a las autoridades ecuatorianas. Posteriormente, un cónsul polaco viajó al país para acompañar el proceso y conocer de primera mano los avances del caso.

El pronunciamiento de la relatora de Naciones Unidas se sumó a otras expresiones de preocupación emitidas por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea han pedido que los hechos sean esclarecidos y que se garantice una investigación independiente. Las solicitudes coinciden en la necesidad de determinar con precisión qué ocurrió y de asegurar que el caso no quede en la impunidad.

En su declaración, Bolaños también hizo referencia a las condiciones en las que trabajan numerosos defensores de derechos humanos en Ecuador. La relatora señaló que existen reportes sobre situaciones de hostilidad, intimidación, vigilancia y criminalización dirigidas contra personas que participan en actividades de denuncia, vigilancia ciudadana o defensa de derechos. Frente a ese escenario, instó al Estado a adoptar medidas que permitan garantizar un entorno seguro para el ejercicio de esas labores.