Bolivia: activistas alistan una marcha a La Paz con refuerzo de campesinos de tres departamentos

La tensión sube en Bolivia tras el anuncio de una masiva marcha hacia el centro de La Paz este miércoles. A la convocatoria realizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari se sumaron campesinos de Potosí, Cochabamba y Oruro que llegaron en la víspera a la ciudad de El Alto, ubicada a seis kilómetros del centro paceño, para participar en la movilización.

Los medios locales reportan que las federaciones de juntas vecinales de El Alto y La Paz, representantes de las 20 provincias del departamento, además de integrantes del transporte y otras organizaciones sociales, también confirmaron su participación.

La marcha se produce cuando el país lleva más de 40 días de manifestaciones con el objetivo de provocar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de incurrir en contradicciones con sus propuestas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

A pocas horas del inicio de la marcha, la Policía reforzó la seguridad de la Plaza Murillo, sede del poder Ejecutivo y Legislativo, y el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que se tiene una “estrategia de contención” para evitar disturbios.

“De parte del Gobierno, no penalizamos, no criminalizamos las movilizaciones sociales, o el derecho a la protesta que pueden tener diferentes sectores”, afirmó en conferencia de prensa este martes. “Lo que no permitimos es que haya actos vandálicos, delictivos, de gente que está siendo llevada a La Paz desde otros sectores”, añadió.

Desde que iniciaron los conflictos sociales, La Paz ha sido escenario de varias jornadas de tensión y enfrentamientos. La más violenta fue el 18 de mayo cuando confluyeron marchas de mineros, campesinos y cocaleros que intentaron llegar a la Plaza Murillo y se produjeron enfrentamientos durante varias horas con la Policía. Ese día se reportaron saqueos, daños a infraestructura pública y agresiones a civiles.

Los conflictos también se producen fuera de las urbes a través de bloqueos de carreteras que han paralizado gran parte del país desde hace 35 días. Lo que inició con piquetes dispersos en La Paz se extendió a seis de los nueve departamentos y este miércoles se registran 80 puntos de bloqueo.

La situación se ha tornado insostenible para sectores estratégicos como el turismo, la industria o el transporte, pero también para la población, particularmente de La Paz, que enfrenta escasez de alimentos, el encarecimiento de los productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible.

La estrategia de la administración de Rodrigo Paz ha fracasado hasta ahora: mientras abogan por un diálogo que nunca se concreta, las manifestaciones se masifican y los costos sociales y económicos se profundizan.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

En medio de este escenario, el martes se realizaron cabildos en las ciudades de La Paz y Sucre para exigir que el Gobierno dicte un estado de excepción, luego de que el Congreso aprobara la semana pasada una ley que regula la medida y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército.

Acorralado por todos los flancos, las respuestas del entorno del presidente han sido ambiguas. Consultado sobre un posible estado de excepción, el ministro Oviedo señaló el martes que la medida “será tratada cuando corresponda”.