El departamento boliviano de Pando declaró la emergencia por la reducción crítica de reservas de combustible a causa de los bloqueos y protestas que afectan al país desde hace semanas. La gobernadora Gabriela de Paiva advirtió que la situación es “especialmente preocupante” por la dependencia de sistemas energéticos aislados, que requieren diesel para operar y garantizar servicios básicos.
De Paiva señaló que el combustible disponible solo alcanzará para dos días. Explicó que la emergencia se declaró por la ubicación de la región y la necesidad de diesel para los sistemas aislados. Solicitó a los sectores movilizados que permitan el paso del combustible y alertó que la prolongación de los bloqueos agravará la crisis local. La administración regional coordina con el Ejecutivo central para canalizar el suministro de carburante a través de un paso fronterizo alternativo. Indicó que el diesel ingresará en los próximos días, siempre que las vías estén expeditas, y destacó las gestiones realizadas ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los ministerios de Hidrocarburos y de Relaciones Exteriores.
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El Legislativo de Bolivia, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron a un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados, quienes exigen la renuncia del mandatario con bloqueos de carreteras iniciados hace 25 días. Estas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos y combustible. La convocatoria fue emitida por la oficina del vicepresidente y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, para dialogar en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Se espera la participación del presidente, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones.
Los campesinos de La Paz, la COB y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Paz, a quien acusan de incumplimiento de promesas y de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades. El dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros sindicalistas fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir tras las protestas que derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos en La Paz.
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La comisión de diálogo se reunió con dos ministros, sin la presencia de representantes de la COB ni de sindicatos campesinos, quienes exigieron la anulación de órdenes de captura contra sus dirigentes. Esta medida fue dispuesta por un juzgado de La Paz el viernes. La COB anunció la suspensión de su asistencia al diálogo por razones de seguridad, sin nueva fecha. Los dirigentes campesinos dejaron la decisión en manos de sus bases. Sectores seguidores de Morales rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.
La Paz y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. El Ministerio de Salud distribuyó 486 cilindros de oxígeno a diez hospitales de ambas ciudades y advirtió que es una medida paliativa. Los cortes de rutas se extendieron a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, y este sábado superan los 90 en todo el país, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
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