La “auditoría total” a más de 500 servicios públicos y organismos estatales en la era de Gabriel Boric, prometida por el presidente José Antonio Kast, reveló entre sus primeras conclusiones pagos retrasados a proveedores del Estado y posibles irregularidades administrativas con un riesgo fiscal que superaría los USD 9.200 millones.
Así lo informó la tarde de este lunes la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, quien detalló que la revisión llevada a cabo por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), se basó en el análisis de más de 913 millones de datos extraídos desde unos 500 entes públicos entre los años 2022 y 2026.
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Según Castillo, la auditoría arrojó “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.
De acuerdo al documento, entre las debilidades estructurales que saltaron a la vista se encuentran bajas rendiciones respecto de recursos ya pagados, entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en registros oficiales, varias compras al mismo proveedor durante un mismo día, subejecución presupuestaria superior al 30%, licencias médicas sin recuperación de subsidios y concursos públicos que fueron declarados desiertos.
Trato directo
Otro punto relevante es la existencia de USD 3.200 millones en pagos postergados, los que equivalen a casi el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Entre esos montos se incluyen cerca de USD 268 millones que el Estado le debe a 9.986 pequeñas y medianas empresas (Pymes) proveedoras, amén de recursos comprometidos para gratuidad universitaria, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y proveedores del sistema de salud.
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En adición, el análisis dio cuenta que el Estado pagó más de USD 3.170 millones mediante los mecanismos de trato directo y compras ágiles, aún cuando estaban las condiciones para llevar a cabo licitaciones públicas, asunto que le habría costado el fisco pagar sobreprecios por unos USD 760 millones.
Entre las oficinas que aparecen con la mayor cantidad de adquisiciones mediante trato directo se cuentan la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), el Registro Civil y el Servicio de Salud Sur, al igual que varios hospitales como los de La Florida, Puerto Montt, Viña del Mar e Iquique.
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El estudio también detectó que existen unos USD 150 millones pendientes por recaudar en licencias médicas.
Debido a esto, el Gobierno ya instruyó abrir sumarios en cuatro entidades: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
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