Raúl Castro podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua si es condenado en Estados Unidos

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este miércoles que espera que el exdictador cubano Raúl Castro comparezca ante la justicia estadounidense “por su propia voluntad o por cualquier otra forma” tras revelarse los cargos criminales en su contra por el derribo de dos avionetas en 1996. Blanche realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa en Miami ante una audiencia de cubanoamericanos que respondió con aplausos.

Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, afronta en la corte federal del Distrito del Sur de Florida cargos por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronave y asesinato por presuntamente ordenar el derribo de las aeronaves el 24 de febrero de 1996. El incidente cobró la vida de cuatro hombres de origen cubano que trabajaban con la organización Hermanos al Rescate, la cual auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.

Según explicó la senadora de Florida Ashley Moody al leer los cargos, el delito de conspiración para matar estadounidenses conlleva un máximo de cadena perpetua. La destrucción de aeronave suma hasta cinco años adicionales, y cada uno de los cuatro asesinatos acarrea “un máximo cargo de muerte o cárcel de por vida”.

Los cargos, presentados formalmente en abril aunque revelados este miércoles por el Departamento de Justicia (DOJ), también incluyen a otros cinco militares cubanos: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez, entre ellos los pilotos de la fuerza aérea que derribaron las aeronaves.

Al ser preguntado sobre si Washington planea una operación en Cuba similar a la que el 3 de enero derivó en la captura del entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, Blanche declinó responder directamente. “No voy a comparar casos”, señaló, y agregó: “La forma en la que traemos a personas acusadas de un crimen varía”. El fiscal subrayó que imputar a individuos que no se encuentran físicamente en territorio estadounidense no es una práctica nueva para su oficina.

Las avionetas derribadas transportaban a Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, y a Pablo Morales, residente legal, todos de origen cubano. El régimen cubano alegó en su momento que las aeronaves se hallaban en su espacio aéreo y que los aviadores eran “terroristas”. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó, no obstante, que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

Trump calificó la acusación como “un momento muy importante”, aunque minimizó la posibilidad de una acción militar contra Cuba. “No habrá escalada. No creo que sea necesario. El lugar se está desmoronando. Es un desastre y han perdido el control de alguna manera”, declaró el mandatario ante la prensa. El secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubanoamericano, dirigió un mensaje en video al pueblo cubano en el que acusó al liderazgo de La Habana de robo, corrupción y opresión, y condicionó USD 100 millones en ayuda a que la isla dé pasos hacia una apertura política.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y afirmó que carece de “base legal”. A través de su cuenta en X, sostuvo que los cargos buscan “añadir al expediente que fabrican para justificar la locura de una agresión militar contra Cuba”. Díaz-Canel también vinculó la fecha del anuncio —el 20 de mayo, cuando la comunidad cubanoamericana conmemora la independencia de Cuba respecto de España— con lo que describió como una larga historia de injerencia estadounidense en la isla.