La Unión Europea pidió “calma y diálogo” tras los disturbios y saqueos durante las protestas en Bolivia

En medio de una jornada marcada por la tensión y la violencia en La Paz, la Unión Europea instó este martes a la calma y al diálogo tras los disturbios y saqueos ocurridos durante las manifestaciones contra el gobierno de Bolivia.

En una declaración conjunta, la Unión Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia registrados.

“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, reza el comunicado.

“La Unión Europea recuerda asimismo que las manifestaciones y protestas deben desarrollarse de manera pacífica, con pleno respeto del Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, concluyó.

Las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz dejaron hasta el momento un saldo de al menos diez heridos y 69 detenidos, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Los incidentes incluyeron bloqueos en 32 puntos de La Paz, Oruro y Cochabamba, saqueos, ataques a edificios públicos y privados, y la quema de un vehículo policial. El ejecutivo reforzó la seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas y descartó la instauración de un estado de excepción.

El lunes, columnas de seguidores del exmandatario Evo Morales se unieron a movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y organizaciones sociales de El Alto.

Todos marcharon con la consigna de forzar la dimisión de Paz. La llegada de los manifestantes a las inmediaciones de la plaza Murillo, sede del Ejecutivo y el Legislativo, desencadenó enfrentamientos con la policía. Los manifestantes arrojaron piedras y artefactos explosivos artesanales, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia los centros de poder.

El gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, convocó a una reunión de emergencia con la policía y las Fuerzas Armadas. El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo anunció el refuerzo de la seguridad y aseguró que buscarían a los responsables de los disturbios. Además afirmó que no dictarían un estado de excepción. En cambio, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, se diferenció entre protestas pacíficas y actos violentos, y prometió aplicación estricta de la ley.

Las protestas comenzaron a principios de este mes con demandas sindicales, como aumentos salariales y el rechazo a una ley de tierras, pero derivaron en pedidos de renuncia del presidente. El conflicto escaló el 6 de mayo, cuando la Federación de Campesinos Túpac Katari organizó un bloqueo indefinido de carreteras en el occidente. A este movimiento se sumaron la Central Obrera Boliviana y el grupo indígena Ponchos Rojos. Los bloqueos impidieron el abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en la capital.

En una carta abierta, 31 expresidentes de Iberoamérica reclamaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a España que vigilaran los acontecimientos en Bolivia. Advirtieron sobre el riesgo de que la manipulación política de la protesta social afectara la estabilidad institucional, y destacaron que Bolivia cuenta con un gobierno legítimo, producto del ejercicio de la soberanía popular tras las elecciones generales recientes.

Ante eso, el Consejo Permanente de la OEA programó una sesión extraordinaria para analizar la situación política y social del país. Nueve países, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, expresaron su respaldo al gobierno de Paz.

El martes, las ciudades de La Paz y El Alto continuaron con puntos de bloqueo, interrupción del transporte público y suspensión de clases en varios colegios. Persistió la escasez y el encarecimiento de productos básicos. A pesar de los intentos de mediación de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, los conflictos no mostraron señales de amainar.

La Unión Europea reiteró su pedido de respeto al orden constitucional y de solución pacífica, en un escenario que mantuvo en vilo a la sociedad boliviana y a la comunidad internacional.

(Con información de EFE)