Amnistía Internacional denunció la “represión sistemática” en Cuba y la negación de derechos en sus cárceles

El informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en 2025 destaca que Cuba mantiene una represión sistemática contra activistas y miembros de la oposición política.

Según la organización, las autoridades niegan derechos fundamentales en las cárceles y restringen la libertad de reunión y expresión. El informe cita al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que documentó al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias durante el año.

El documento detalla amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegal contra activistas, artistas, intelectuales, estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional señala que la represión a la libertad de reunión pacífica se ejecuta mediante el despliegue de fuerzas policiales y detenciones selectivas tras protestas no violentas.

En cuanto a la situación carcelaria, se registraron denuncias de tortura, tratos crueles y degradantes, así como la muerte de 39 personas privadas de libertad, según Cubalex. Personas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo y otros permanecen en prisión, clasificados como presos de conciencia, sufriendo restricciones a las comunicaciones, visitas y sometimiento a nuevos procesos judiciales.

Amnistía Internacional también menciona la excarcelación de 553 personas en enero de 2025, de las cuales cerca de la mitad eran considerados presos políticos por diversas organizaciones, en procesos marcados por falta de transparencia.

El informe advierte que el feminicidio no es reconocido como delito autónomo y no existen estadísticas oficiales al respecto. Organizaciones independientes registraron al menos 46 asesinatos de mujeres por razones de género en 2025.

Los cortes de electricidad y la escasez de alimentos y medicamentos impactan gravemente el acceso a la salud, la educación y la seguridad alimentaria. Cerca del 97% de la población experimenta dificultades para acceder a alimentos debido a la inflación, y más del 60% dedica entre cinco y quince horas semanales a conseguir comida.

Amnistía Internacional denunció crímenes de lesa humanidad “impunes” en Venezuela en 2025

Amnistía Internacional denunció la continuidad de crímenes de lesa humanidad y represión en Venezuela durante 2025. El informe apunta a la persistencia de la impunidad y la utilización de aparatos estatales y grupos armados para reprimir a la disidencia, periodistas y defensores de derechos humanos. Se registraron nuevas detenciones arbitrarias, aunque en menor número que en 2024, y la excarcelación de 116 personas, según Foro Penal.

Persisten las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y restricciones a la libertad de expresión y asociación. El informe registra la falta de avances en derechos LGBTIQ+, sexuales, reproductivos e indígenas, así como problemas de devastación ambiental y falta de datos en minería.

El informe también recoge la devolución de 252 venezolanos desde El Salvador tras estar desaparecidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, así como la ejecución extrajudicial de al menos 110 personas en ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

El documento no aborda los acontecimientos posteriores al ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde entonces, se han implementado una ley de amnistía, liberado a más de 8.000 personas y abierto los sectores de hidrocarburos y minería a la inversión privada y extranjera.

La violencia contra los defensores de derechos humanos se intensifica en Brasil

En Brasil, Amnistía Internacional advierte sobre el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos, en particular ambientalistas, indígenas y afrodescendientes, así como la persistencia de obstáculos para acceder a la justicia en casos de abuso policial. El informe señala un incremento de amenazas y agresiones a líderes indígenas, así como invasiones y violencia en regiones de expansión agropecuaria.

A pesar de la aprobación del Plan Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, continúan los ataques y asesinatos, como los registrados en Pará y Mato Grosso do Sul. El informe también denuncia el uso indebido de programas estatales de protección para espiar a líderes comunitarios.

La violencia policial sigue presente como parte de la política de seguridad pública brasileña. Un operativo en Río de Janeiro en octubre de 2025 dejó al menos 121 muertos, incluidos cuatro policías, y generó denuncias de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de protocolos.

Cerca del 98% de las investigaciones contra agentes policiales se archivan y menos del 2% de los casos de muertes a manos de la policía llegan a juicio.