Crecen las denuncias tras el anuncio de indultos masivos por parte del régimen cubano: “Es una farsa más del comunismo”

El reciente anuncio del régimen cubano sobre el indulto a 2.010 reclusos suscitó fuertes críticas entre presos políticos, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la exclusión de quienes cumplen condena por motivos políticos. El caso de Lisandro Betancourt Escalona, uno de los presos políticos más antiguos del país, se convirtió en un emblema de estas acciones.

Desde la prisión El Típico, en Las Tunas, Betancourt, de 63 años, enfermo y con discapacidad física, denunció en un audio difundido por el grupo de asesoría legal Cubalex su exclusión del indulto anunciado por el régimen. “Yo quiero darle a conocer al mundo la verdad del famoso indulto que dio el Gobierno tiránico de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que es una farsa más y una mentira más“, afirmó.

Betancourt, quien lleva más de 35 años tras las rejas, detalló que en el penal solo fueron indultados seis reclusos, a quienes correspondía la libertad condicional y no les había sido otorgada. “Los demás indultos que se dieron, fueron a personas que ya estaban pasadas de libertad condicional hacía mucho tiempo y les dieron un famoso indulto. Eso es una farsa más del comunismo y el mundo tiene que conocer eso”, subrayó.

El preso político, que tiene amputadas ambas manos, carece de visión en un ojo y padece diabetes, hipertensión, cardiopatía, artritis, gota y un aneurisma, resaltó: “Personas enfermas y con discapacidad como yo no han sido beneficiadas”.

Betancourt Escalona es actualmente uno de los presos políticos de más larga data en las cárceles de Cuba. Fue condenado hace 36 años por “atentado” y “otros actos contra la seguridad del Estado”, figuras penales que la dictadura de la isla utiliza con frecuencia para castigar el disenso abierto.

En el audio, anunció además que comenzará una huelga de hambre como protesta por la arbitrariedad del indulto y su exclusión.

El régimen cubano había presentado el indulto como un gesto “humanitario”, basado en un análisis de la conducta, tiempo cumplido y estado de salud de los sancionados. Según el anuncio oficial, los beneficiados incluirían “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

Sin embargo, la nota difundida por la prensa estatal aclaraba que no serían objeto de la medida quienes hubieran cometido “delitos contra la autoridad”. Justamente esta categoría incluye figuras como “desacato”, “atentado” y “resistencia”, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores.

Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.

La ONG Prisoners Defenders documentó que la excarcelación se limitó a presos comunes. Javier Larrondo, presidente de la organización, confirmó a Infobae: “En la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana, han soltado a 41 presos, todos comunes. Ni uno solo es preso político. Igualmente en la Prisión de Trabajos Forzosos El Yabú. Todos comunes. Se confirma el jueguecito del régimen para intentar engañar a la prensa, a costa de mortificar a los familiares”, expresó.

Larrondo detalló que la situación se repite en otros centros penitenciarios de todo el país, como Boniato, en Santiago de Cuba, Taco Taco, Remedios y La Lima, donde solo han sido liberados presos comunes. “Es un drenaje carcelario de presos comunes por todo el país para abaratar costes penitenciarios al tener la mayor tasa de presos del mundo: 90 mil para 9 millones de habitantes”, destacó a Infobae.

De acuerdo con Prisoners Defenders, Cuba cuenta con 242 centros penitenciarios y correccionales, y las cifras de excarcelados coinciden con la media de liberaciones esperadas por cada centro. “Pero ni un solo preso político excarcelado. Y muchas decenas de nuevos presos políticos se suma cada mes que pasa”, concluyó Larrondo.

El caso de Betancourt Escalona refleja el impacto de la medida en la población penitenciaria política. Mientras tanto, familiares y organizaciones denuncian que la situación en las cárceles cubanas sigue inalterada para los presos políticos, quienes continúan reportando arbitrariedades y condiciones de detención incompatibles con los derechos humanos.