El Gobierno del presidente Daniel Noboa informó que más de 433.000 niños en Ecuador lograron superar la desnutrición crónica infantil (DCI), una de las problemáticas estructurales más persistentes en el país. El dato fue presentado como parte del balance de políticas sociales impulsadas en los últimos años, en un contexto en el que la reducción de la DCI se ha convertido en un indicador central de gestión pública.
La desnutrición crónica infantil, que afecta el crecimiento y desarrollo cognitivo de niños menores de cinco años, ha sido históricamente uno de los principales desafíos sociales del Ecuador. Según cifras oficiales, el país llegó a registrar tasas superiores al 27 % en esta población, con mayor incidencia en zonas rurales e indígenas. En ese escenario, la actual administración sostiene que la articulación interinstitucional permitió avanzar en la disminución de los indicadores.
Desde el Ejecutivo se señala que el resultado responde a una política sostenida que combina intervenciones en salud, acceso a agua segura, fortalecimiento de controles prenatales, suplementación nutricional, vacunación, seguimiento territorial y programas de protección social. Las autoridades han destacado que la estrategia se basa en un enfoque preventivo, con énfasis en los primeros mil días de vida, considerados críticos para el desarrollo infantil.
El proceso, sin embargo, no inició en la actual administración. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se declaró a la lucha contra la desnutrición crónica infantil como prioridad nacional y se creó una Secretaría Técnica específica para coordinar acciones intersectoriales. En ese período se diseñó la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, con metas graduales de reducción y mecanismos de seguimiento estadístico. La actual administración ha dado continuidad a esa política pública, manteniendo el objetivo de disminuir de forma sostenida la prevalencia nacional.
El Ejecutivo sostiene que los más de 433.000 niños que superaron la condición reflejan el impacto acumulado de estas intervenciones. No obstante, especialistas en nutrición y salud pública han advertido que la medición de la desnutrición crónica requiere evaluaciones periódicas a través de encuestas nacionales, como la ENSANUT, y que los avances deben contrastarse con datos comparables en el tiempo para determinar la magnitud real de la reducción.
La desnutrición crónica infantil no solo implica baja talla para la edad, sino que está asociada con menores niveles de rendimiento escolar, mayor vulnerabilidad frente a enfermedades y menor productividad futura. Por ello, organismos internacionales como UNICEF y el Banco Mundial han insistido en que su erradicación es una condición clave para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza.
En el ámbito presupuestario, el Gobierno ha señalado que el fortalecimiento de políticas sociales se enmarca en una estrategia más amplia de inversión pública.
En otros sectores, como el deportivo, el Ejecutivo anunció recientemente un incremento del 25 % en la asignación presupuestaria para 2026, alcanzando USD 51,7 millones, según el Boletín 250 de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Aunque corresponde a un ámbito distinto, el Gobierno ha vinculado este tipo de decisiones con una narrativa de recuperación institucional y fortalecimiento del tejido social.
En el caso específico de la lucha contra la DCI, el desafío pendiente radica en la sostenibilidad de las intervenciones. Expertos señalan que la reducción de la desnutrición requiere continuidad presupuestaria, coordinación territorial efectiva y evaluación permanente de resultados. Además, la persistencia de brechas territoriales —especialmente en provincias amazónicas y andinas— evidencia que el problema no ha sido erradicado.
En un país donde la pobreza, la falta de acceso a empleo y la desigualdad siguen condicionando el acceso a servicios básicos, la reducción sostenida de la DCI continúa siendo uno de los principales indicadores del desempeño social del Estado.
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