El régimen de Nicaragua desalojó a familias de un barrio de Managua para impulsar un proyecto con China

Unas 40 familias de un pequeño barrio en el centro de Managua fueron desalojadas de sus viviendas y sus casas destruidas, sin indemnización ni reubicación, según denunciaron medios locales, para construir una ampliación de un proyecto de viviendas que la dictadura impulsa con financiamiento de China.

Funcionarios advirtieron a los vecinos que esas tierras eran de la “copresidente” y esposa del dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo, antes de proceder a la demolición de sus casas, según testimonios de los afectados.

Las cuarenta familias vivían en el barrio Bóer, en el costado este de la Casa del Obrero, en el centro de Managua, y quedaron sin casas ni compensación tras un desalojo ejecutado entre septiembre y noviembre de 2025 por autoridades municipales y fuerzas de seguridad de la comuna capitalina.

“Dictadura Ortega Murillo roba propiedades en el barrio Bóer para construir apartamentos Nuevas Victorias”, tituló el nicaragüense diario La Prensa, mientras la plataforma 100 por ciento Noticias tituló: “Régimen desalojó barrio en Managua para vender apartamentos de hasta 85 mil dólares”.

Vecinos y antiguos residentes del Bóer recuerdan que la intervención de las autoridades empezó meses antes, en junio de 2025, cuando funcionarios de la Alcaldía de Managua llegaron a notificarles que debían desalojar la zona.

Los empleados municipales explicaron entonces que, aunque las familias serían indemnizadas o reubicadas, sus tierras serían expropiadas para un proyecto urbanístico mayor promovido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Afirmaron también que los predios, a ojos de la Alcaldía, pertenecían a la propia “copresidenta” Murillo.

Para muchos vecinos esa notificación inicial sembró una frágil esperanza de que recibirían compensación o alternativas habitacionales. Unos propietarios decidieron irse poco después de recibir las advertencias, confiando en la promesa de pago. Otros se quedaron, con la expectativa de que los acuerdos propuestos se cumplieran.

En septiembre la situación cambió. La segunda intervención de funcionarios municipales fue acompañada por guardias de seguridad y en tono más firme. Entre ellos estaba un funcionario del área legal de la Alcaldía que, según vecinos, había participado en desalojos anteriores en zonas cercanas.

A partir de ese momento las advertencias se volvieron hechos ejecutados por la fuerza, sin explicaciones formales y sin que los afectados lograran acuerdos concretos con las autoridades.

Los vecinos que intentaron defender sus derechos presentaron sus escrituras y documentos de propiedad en la Dirección General Legal de la Alcaldía de Managua.

Allí, cuentan, se les informó que no habría indemnización para nadie y que los terrenos supuestamente pertenecían a Murillo, y que si querían reclamar debían hacerlo en instancias donde creyeran que les darían respuesta. Las advertencias incluyeron amenazas de represalias si insistían en sus protestas.

Entre septiembre y noviembre de 2025, se ejecutó el desalojo. A quienes se resistieron a abandonar sus casas les cortaron el servicio de agua potable, cercaron el barrio con vallas metálicas e instalaron vigilancia policial permanente. Maquinaria pesada, incluida aplanadoras y palas mecánicas, estuvo presente en varios momentos para presionar a las familias a dejar sus propiedades.

Los testimonios recabados describen un barrio que alguna vez albergó viviendas y comercios modestos, como comiderías, bares, talleres y una seña de vida comercial que daba dinamismo al lugar. Hoy la zona expropiada está desierta y semidestruida, con estructuras a medio derribar y calles silenciosas.

Una de las familias afectadas, quien pidió no usar su nombre real por temor a represalias, dice que su casa era el único patrimonio de su familia. Compró su vivienda con más de doce mil dólares, suma difícil de reunir para la mayoría de los nicaragüenses.

Desde el desalojo vive alquilando o hospedándose temporalmente con conocidos, y no puede asumir rentas elevadas ni encontrar una vivienda propia accesible. La pérdida del hogar supuso también perder acceso cercano a colegios, centros de salud, mercados y su lugar de trabajo.

El proyecto al que se vincula este desalojo es la Urbanización Nuevas Victorias, un plan habitacional promovido por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en cooperación con la República Popular China.

El régimen sandinista anunció en 2023 que este proyecto “repoblaría” el antiguo centro de Managua con miles de viviendas. Dos años después, solo una fracción de esa ambiciosa meta se ha concretado.

En enero de 2026, el gobierno informó la entrega de 105 viviendas en Nuevas Victorias, completando parte de una primera etapa que contempla al menos 920 viviendas como parte del programa general.

El plan original contempla más de 12,000 viviendas en varias fases distribuidas en Managua y otros municipios, aunque hasta ahora solo se han construido y entregado algunas centenas de unidades bajo la marca Nuevas Victorias.

Al mismo tiempo que se celebra la entrega de estas viviendas en sectores oficiales, organizaciones periodísticas independientes y vecinos afectados señalan que en los terrenos colindantes al complejo habitacional se han producido desalojos forzados sin indemnización ni compensación.

Los apartamentos que se ofertan en este proyecto tienen precios que superan los 80,000 dólares en algunos casos, con mecanismos de crédito ofrecidos por el Estado, cifras que para muchas familias nicaragüenses están fuera de su alcance.

La zona desalojada abarca al menos cuatro manzanas contiguas que ahora, según testimonios y denuncias, se integrarían a una futura ampliación del proyecto habitacional.