Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

El presidente de Ecuador Daniel Noboa afirmó en su cuenta de X que “los delincuentes votan por los narcos”, al compartir una imagen que presenta supuestos porcentajes de respaldo de “las cárceles” del Ecuador a la Revolución Ciudadana en las segundas vueltas de las elecciones generales de 2023 y 2025. La publicación muestra dos barras con cifras de 90,78% y 96,11%, respectivamente, y atribuye la información al Consejo Nacional Electoral. El mensaje presidencial se enmarca en la confrontación política con el correísmo y sugiere una relación directa entre criminalidad, narcotráfico y preferencias electorales en el sistema penitenciario.

El voto de personas privadas de libertad en Ecuador se realiza bajo un padrón especial, distinto al padrón general. Solo están habilitadas para votar las personas que se encuentran privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Quienes ya tienen una condena firme no ejercen el derecho al sufragio. Esto implica que el universo de votantes es apenas una fracción del total de personas recluidas en el sistema penitenciario, que supera ampliamente a quienes figuran en el padrón electoral especial.

Una verificación realizada por Ecuador Chequea, el único verificador independiente avalado internacionalmente en el país, concluyó que el discurso es engañoso. Si bien los porcentajes difundidos por el presidente corresponden a datos reales del Consejo Nacional Electoral, la forma en que son presentados omite condiciones esenciales del proceso y conduce a una interpretación incorrecta sobre el alcance del voto en las cárceles.

Según la información oficial del CNE, en la segunda vuelta de las elecciones de 2023, la candidata Luisa González obtuvo el 90,78% de los votos válidos emitidos por personas privadas de libertad habilitadas para sufragar. En la segunda vuelta de 2025, González alcanzó el 96,11% de los votos válidos dentro del mismo grupo. Estos datos son verificables y constan en las actas oficiales del organismo electoral. Sin embargo, la verificación advierte que esos porcentajes no representan a “las cárceles” en su conjunto ni a la totalidad de la población penitenciaria del país.

La pugna política

La confrontación entre Noboa y el correísmo no es un episodio aislado ni estrictamente electoral, sino parte de una pugna política más amplia que atraviesa al Ecuador desde hace casi una década. Tras la salida del poder de Rafael Correa en 2017, el movimiento que lideró pasó de ser fuerza gobernante a convertirse en el principal bloque de oposición, con una narrativa centrada en la denuncia de persecución política y en la defensa de su legado, mientras que los gobiernos posteriores construyeron su legitimidad, en buena medida, en oposición a ese pasado y con las sentencias judiciales que demostraron los delitos contra la administración pública sucedidos durante el correísmo.

Noboa emergió en ese escenario como una figura que capitalizó el desgaste del sistema político y el rechazo transversal al correísmo en amplios sectores urbanos y empresariales. Desde la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2023, su discurso combinó una promesa de renovación generacional con una línea dura frente a la inseguridad y el crimen organizado, temas que se convirtieron en ejes centrales de su agenda y de su comunicación política.

En ese marco, el correísmo ha sido presentado recurrentemente como un adversario no solo ideológico, sino también moral, asociado en el debate público a prácticas del pasado, autoritarismo y, en algunos casos, a la tolerancia frente a redes criminales, aunque esas asociaciones no siempre estén respaldadas por pruebas judiciales.

Del lado de la Revolución Ciudadana, la estrategia ha sido disputar esa narrativa señalando inconsistencias en la política de seguridad del actual gobierno, cuestionando el uso político del estado de excepción y denunciando una estigmatización sistemática de sus votantes y dirigentes.

La reiterada alusión a cárceles, delincuencia y narcotráfico en el discurso presidencial se inscribe en esa disputa simbólica, en la que cada bando busca fijar marcos interpretativos que exceden los datos concretos y apelan a emociones fuertes en un contexto de crisis de seguridad sin precedentes.