El equipo jurídico del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este martes al ex presidente de Bolivia Luis Arce y al ex ministro de Gobierno, el recientemente arrestado Eduardo Del Castillo.
En diálogo con Infobae, el abogado Martín Camacho indicó que esta acción legal está relacionada con los hechos ocurridos durante la detención del gobernador en diciembre de 2022. “Hace unos minutos fue presentada la denuncia por delitos de corrupción, vejámenes, torturas, incumplimiento de deberes y secuestro”, detalló.
El letrado explicó que ahora está a la espera de la admisión formal de la denuncia y que presentó el escrito “ante el riesgo de que el ex ministro (Del Castillo) salga del país como intentó hacerlo anoche. Estamos pidiendo que se lo aprehenda más allá del caso por el que fue detenido en la madrugada”, sostuvo.
La denuncia afirma que la detención de Luis Fernando Camacho, efectuada el 28 de diciembre de 2022, se realizó de manera violenta e irregular. Indica que tuvo lugar cuando el gobernador salía de su domicilio rumbo a la Gobernación, y plantea que tanto Del Castillo —entonces ministro de Gobierno— como Arce, presidente en ejercicio en ese momento, fueron responsables directos por ocupar posiciones de mando en la estructura estatal durante esos hechos.
“Desde hace bastante tiempo venimos preparando una denuncia en contra de los señores Del Castillo y Arce por el secuestro del gobernador en 2022. Estaba lista para presentarse el domingo, pero aún no lo habíamos hecho porque estábamos terminando los últimos detalles. Anoche tuvimos información que Del Castillo estaba tratando de salir del país sin presentar la documentación correspondiente y obstruyendo el trabajo policial. Es por eso que nos apresuramos a terminar la denuncia y presentarla”, expresó el gobernador a este medio.
El arresto de Camacho
El 28 de diciembre de 2022, la Fiscalía General informó la aprehensión de Luis Fernando Camacho cuando salía de su domicilio rumbo a la Gobernación, en cumplimiento de una orden referida al caso “Golpe de Estado I”, durante el gobierno de Luis Arce.
Este proceso se inició a partir de la denuncia presentada por la ex diputada Lidia Patty, quien lo acusó de la crisis política de 2019 y de la renuncia del ex presidente Evo Morales.
Durante su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, una disposición judicial, avalada por la Asamblea Legislativa Departamental, estableció que el vicegobernador Mario Aguilera asumiera la Gobernación de forma interina.
El 29 de agosto de este año, Camacho salió del penal de Chonchocoro y regresó a Santa Cruz, retomando oficialmente sus funciones el pasado 1 de septiembre.
La reciente detención de Del Castillo
El ex ministro de Gobierno de Bolivia Eduardo Del Castillo fue retenido por la Policía la madrugada de este martes en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba viajar fuera del país.
Según reportes de prensa, el ex funcionario fue detenido después de haber pasado los controles de Migración para abordar un vuelo a Chile junto a su esposa y sus hijas.
Del Castillo fue trasladado inicialmente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Warnes. En un breve contacto con la prensa al llegar a la Felcc, el ex ministro de Luis Arce calificó su retención como “un tema político”.
A las 6:00 fue llevado a la oficina central anticrimen de Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra actualmente.
Según el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, la detención se produjo por “obstrucción policial” debido a “una conducta obstructiva y de desobedecimiento a la autoridad” en la zona de preembarque, cuando se negó a someterse a un procedimiento de seguridad.
Luis Arce, en prisión preventiva
La Justicia de Bolivia dispuso el pasado 12 de diciembre cinco meses de prisión preventiva para el ex presidente Luis Arce en el penal de San Pedro, en La Paz, por su presunta participación en irregularidades vinculadas al Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
La decisión fue tomada por el juez anticorrupción Elmer Laura, quien respaldó los argumentos de la Fiscalía sobre riesgo de fuga y posible obstrucción del proceso.
El caso involucra un daño económico masivo y forma parte de una investigación abierta hace varios años por supuestos desvíos de recursos destinados a proyectos productivos.
El Fondo Indígena fue un mecanismo estatal creado para financiar iniciativas comunitarias en áreas rurales y campesinas. En 2015, una auditoría reveló que varios desembolsos se habían transferido a cuentas particulares sin verificaciones previas.
La investigación atribuye a Arce la responsabilidad por haber autorizado pagos y por no supervisar que los proyectos avanzaran según los términos establecidos.
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