El consumo de diésel en Bolivia se redujo a la mitad desde que el gobierno retiró la subvención a los combustibles hace dos semanas, según datos oficiales presentados este martes.
Las autoridades atribuyen la fuerte caída al combate contra el contrabando, uno de los principales problemas derivados de los precios artificialmente bajos en el mercado interno durante más de dos décadas.
El ajuste, que duplicó el precio del diésel y encareció la gasolina en un 86%, forma parte de un paquete de reformas implementado por el gobierno de Rodrigo Paz para contener el déficit fiscal y asegurar el abastecimiento de carburantes.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que la eliminación del subsidio permitió desactivar una red de desvío ilícito de combustibles hacia países vecinos, lo que generaba pérdidas millonarias para el Estado.
“El consumo de diésel cayó en aproximadamente un 50% y estimamos que se estabilice entre el 30 y el 40%”, afirmó el ministro, quien atribuyó la reducción a que se quitó “el negocio a los contrabandistas”.
Las autoridades calculan que el contrabando de carburantes generaba entre dos y tres millones de dólares diarios en ingresos ilegales y se sustentaba en un sistema de corrupción institucionalizado. Al vender el diésel y la gasolina a precios muy por debajo del valor internacional, Bolivia se convirtió en un mercado atractivo para el desvío hacia otras naciones, especialmente a través de las fronteras con Brasil, Argentina y Perú.
El gobierno defendió la medida como un paso necesario para estabilizar el mercado y evitar la escasez que provocaba largas filas en estaciones de servicio, una situación recurrente durante los últimos meses.
Medinaceli destacó que el “ahorro” generado por el fin de la subvención permite aliviar la presión sobre las reservas internacionales y el tipo de cambio, al disminuir la necesidad de importar grandes volúmenes de diésel.
El decreto 5503, aprobado el 17 de diciembre, estableció nuevos precios de referencia: 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel.
Además de los aumentos en los combustibles, el gobierno implementó un incremento del salario mínimo nacional de 2.750 a 3.300 bolivianos (de 395 a 474 dólares), la ampliación de bonos escolares y mejoras en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
La eliminación del subsidio rompe con una política vigente desde 2004, cuando se decidió congelar los precios de los combustibles en un contexto de crisis política.
Los altos ingresos por la exportación de gas natural permitieron mantener el sistema durante años, pero la caída de los precios internacionales y la reducción de ventas al exterior desde 2015 hicieron insostenible el esquema de subvenciones.
Pese a los argumentos oficiales, la decisión ha sido contestada en las calles por la Central Obrera Boliviana (COB), la principal entidad sindical del país. La COB, que fue aliada de los anteriores gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ha organizado marchas y huelgas en La Paz y exige la derogación del decreto.
El gobierno de Paz reanudó la invitación al diálogo con la dirigencia sindical tras un primer intento fallido la semana pasada.
Los sindicatos argumentan que el ajuste deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece bienes y servicios básicos. No obstante, desde la entrada en vigor de la norma, se ha registrado una desaparición casi total de las filas en las gasolineras, que se habían vuelto una constante en el país durante el último año.
El futuro del decreto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para sostener el abastecimiento, mitigar el impacto social de la medida y negociar con los sectores más afectados.
(Con información de EFE)
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