La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, decidió este jueves mantener las protestas contra el decreto que retiró la subvención a los combustibles, incluida una huelga general indefinida que, por el momento, solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, tras una reunión realizada en La Paz.
“Seguir con la movilización, con el paro general indefinido escalonado”, afirmó ante los medios el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, al término del encuentro de los sindicatos afiliados a la entidad. La dirigencia resolvió sostener las medidas de presión pese a la disminución de participantes en las marchas registradas en los últimos días.
Los sindicatos movilizados, integrados en su mayoría por trabajadores mineros, continuarán concentrados en La Paz, sede del Gobierno y del Ejecutivo boliviano, y mantendrán las protestas incluso “pese a los feriados” por las fiestas de fin de año, según indicó Argollo. El dirigente señaló que las manifestaciones seguirán de forma permanente mientras el decreto continúe vigente.
Durante la reunión también se definió impulsar marchas en las nueve regiones del país y profundizar la difusión del contenido de la norma. “Se ha determinado socializar aún más este decreto”, sostuvo Argollo, al señalar que el objetivo es que la población comprenda que la medida resulta “dañina” para los trabajadores y “para la economía del país”. Según el dirigente, la decisión del Ejecutivo permitirá “enajenar” los recursos naturales de Bolivia.
Antes del encuentro, los afiliados a la COB volvieron a marchar por el centro de La Paz en rechazo al decreto, aunque con una participación menor respecto de los primeros días de protestas. Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando la entidad sindical convocó a una huelga general e indefinida contra la eliminación de la subvención a los combustibles.
La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), mantiene la convocatoria a la huelga, aunque la medida solo es acatada por los mineros estatales. Otros sectores que inicialmente se sumaron a las protestas, como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas, levantaron las medidas tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.
En La Paz, las marchas impulsadas por la COB recibieron cuestionamientos de parte de sectores de la población, que expresaron rechazo a los bloqueos y a la continuidad de las protestas en el centro de la ciudad. Las autoridades municipales informaron afectaciones al tránsito y a las actividades comerciales durante las jornadas de movilización.
Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, en un intento de abrir un canal de diálogo. Sin embargo, el encuentro finalizó sin acuerdos, debido a que la entidad sindical condicionó cualquier negociación a la derogación previa del decreto, una posibilidad que el Gobierno descartó de manera pública.
En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara, ex policía, expresó su respaldo a los sectores movilizados mediante un video difundido en TikTok. En el mensaje, Lara pidió a los manifestantes que sean “fuertes” y aseguró que “los tiranos van a caer” y que “se vienen días mejores”.
“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos”, afirmó Lara en el video. El vicepresidente se declaró días atrás en “oposición constructiva” al presidente Paz, lo que generó reacciones dentro del oficialismo.
El decreto 5503, vigente desde hace poco más de una semana, fijó nuevos precios para los combustibles, con incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel en relación con los valores subvencionados que rigieron durante más de 20 años. La medida formó parte de un paquete económico anunciado por el Ejecutivo.
El retiro de la subvención estuvo acompañado por otras decisiones, como el aumento del salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y la suba de beneficios sociales, entre ellos el bono para estudiantes del sistema público y la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno defendió el decreto al sostener que la subvención a los combustibles ya no resultaba sostenible y afirmó que su eliminación permitió garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina, que fue irregular durante casi un año y medio. Según el Ejecutivo, la medida genera un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado.
(Con información de EFE)
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