Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia

La tensión crece en Bolivia tras el primer día de vigencia de los nuevos precios del combustible, establecidos por el Gobierno de Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5503 la noche del miércoles.

El levantamiento de los subsidios supone la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel, literalmente de la noche a la mañana, pero representa un “ahorro” de 3.500 millones de dólares anuales para el país, según datos del Gobierno.

La medida genera posiciones encontradas y constituye el primer conflicto social del Gobierno de Rodrigo Paz cuando cumple 40 días de mandato. Si bien fue respaldada por sectores económicos, como la Confederación de Empresarios Privados y la Cámara Agropecuaria del Oriente, que la consideran ineludible para estabilizar la economía del país y eliminar el contrabando de diésel y gasolina, sindicatos de transporte, juntas vecinales y algunos legisladores la rechazan y plantean desde modificaciones hasta su abrogación total.

Este viernes varias ciudades del país amanecieron sin transporte público por huelgas y bloqueos. Los choferes reclaman que se les permita subir el precio del pasaje mientras el Gobierno, a través del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, exige una explicación de sus costos, porque argumenta que el gasto en el carburante se compensa con la liberación de aranceles de llantas, repuestos y otros insumos; además de beneficios tributarios y una reducción en el tiempo de espera para abastecer sus tanques.

“Ayer han sacado (el decreto), esta mañana los pasajes han subido inmediatamente el doble, están cobrando cinco o seis bolivianos, eso afecta el bolsillo de toda la población en general”, señaló el jueves Justino Apaza, presidente de las juntas vecinales de La Paz, organización que anunció movilizaciones si no se abroga la norma en un plazo de 24 horas.

A nivel político también hubo manifestaciones de rechazo. El vicepresidente Edmand Lara, flanqueado por legisladores de diferentes bancadas, incluso la oficialista, señaló que “rechazan categóricamente” las disposiciones del decreto.

“Consideramos que no era el momento de establecer ese tipo de medidas, lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes y que viven del día a día”, afirmó Lara.

De igual forma, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y líder de Libre, la principal fuerza opositora, cuestionó que no se hubiera previsto una disposición especial para el transporte. Quiroga, que disputó el balotaje con Paz el 19 de octubre, señaló que el incremento que va a haber en el transporte público va a afectar a “toda la cadena de producción y alimentos en un momento donde la inflación todavía está alta”.

Bolivia atraviesa una crisis económica desde hace más de dos años que se traduce en la escasez de dólares, combustible y el aumento sostenido de los precios de la canasta básica. La inflación interanual en julio llegó a 24,86% y los pronósticos de organismos internacionales para los próximos años no son alentadores.

En ese contexto, si bien había cierto consenso para nivelar el precio de los combustibles, que estaban congelados desde hacía dos décadas y cuya importación supone uno de los mayores gastos públicos, existían desacuerdos sobre la forma de aplicación de esta medida.

Durante la campaña electoral, Paz había planteado un modelo gradual de protección a “sectores vulnerables” que hoy varios sectores reclaman.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, defendió las disposiciones del decreto y afirmó que si bien el Gobierno está dispuesto al diálogo, no va a retroceder. Barrientos, en entrevista con el canal Unitel este viernes por la mañana, destacó los beneficios sociales que incluye el decreto, como el aumento de algunos bonos sociales y del salario mínimo nacional que subió en 20%.

Fuera de las observaciones económicas encontradas, algunos académicos apuntan inconsistencias en la norma (como aquella que remite a un artículo que no existe) y cuestionan la falta de consensos políticos para aplicar la medida.

El analista económico Gonzalo Chávez señaló que “toda reforma seria necesita dos andamios de gobernabilidad: uno en la Asamblea y otro en la calle. El 5503 se lanzó con la fe ciega del tecnócrata puro, convencido de que la verdad económica se defiende sola. Spoiler: no lo hace”. El experto consideró el decretó de Paz como “un acto de valentía técnica, sin duda; de temeridad política, también”.