Diversos sindicatos de Venezuela denunciaron la detención ilegal de más de 180 trabajadores, incluidos 20 dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general de la mayor central obrera del país.
Los movimientos sindicales, que agrupan a 33 gremios, hicieron pública su denuncia en Caracas y explicaron que muchos detenidos permanecen sin información oficial sobre su paradero, por lo que los casos se clasifican como desaparición forzada.
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Las declaraciones fueron recabadas por AFP en una conferencia de prensa donde detallaron su intención de presentar los hechos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar respaldo internacional.
El caso más reciente involucra a José Elías Torres, arrestado por la Policía Nacional Bolivariana el 29 de noviembre en su domicilio en Caracas. Desde entonces, sus allegados no conocen su localización exacta, según sindicatos y organismos de derechos humanos, como el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y la oenegé Foro Penal.
Durante la conferencia, Pedro Eusse, dirigente sindical, afirmó que la privación de libertad de Torres “no constituye un hecho aislado”, sino que forma parte de una campaña más amplia que mantiene detenidos a dirigentes sindicales y trabajadores bajo procesos judiciales, según sus declaraciones.
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Además, Eusse atribuyó estas acciones a un intento de desarticular el movimiento sindical y sembrar miedo, con el objetivo de quebrar la organización democrática de los trabajadores.
La ONG Foro Penal respaldó la denuncia con registros actualizados que señalan la existencia de 889 personas calificadas como presos políticos en el país.
Las entidades gremiales señalaron que la represión impacta de forma particular en quienes exigen mejoras laborales ante la falta de actualización de los sueldos desde 2022, periodo en el que la CTV ha cobrado visibilidad.
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical informó sobre el allanamiento de la vivienda de José Elías Torres en el momento de su detención.
En Venezuela, diversas ONG alertan que la criminalización de la actividad sindical y las detenciones irregulares forman parte de una lógica restrictiva.
La organización Provea se pronunció en redes sociales tras la detención de Torres, calificándola como un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela. La entidad recordó que múltiples defensores de derechos humanos han advertido sobre un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra el movimiento laboral.
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La situación actual tiene antecedentes. En 2019, la OIT publicó un informe que señalaba el incumplimiento por parte del Estado venezolano de varios tratados internacionales, incluido el convenio sobre libertad sindical. Frente a este escenario, los representantes sindicales anunciaron que realizarán una protesta nacional el 15 de enero para exigir autonomía sindical y la liberación de todos los integrantes del movimiento laboral encarcelados.
A estos datos, las agrupaciones independientes sumaron el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
El documento responsabiliza a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por crímenes de lesa humanidad entre 2014 y 2024, destacando detenciones arbitrarias, torturas, tratos inhumanos y violencia sexual durante operaciones de represión selectiva y masiva.
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(Con información de AFP)
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