La Fiscalía de Bolivia pidió este viernes que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del ex presidente Luis Arce, cumpla seis meses de detención preventiva, mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias.
Roger Mariaca, fiscal general del Estado, confirmó el pedido ante la prensa local en el contexto del caso conocido como "Adán y Eva“, vinculado a la compra de más de 2.100 hectáreas por más de 3 millones de dólares realizada por Rafael Arce en 2021 en Santa Cruz.
La causa ganó impulso en julio, cuando surgió información sobre préstamos bancarios por 9 millones de dólares otorgados en seis operaciones a Rafael Arce y su hermana, Camila.
El Ministerio Público sostuvo que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de la pesquisa, en la que restan diligencias como inspecciones técnicas, reconstrucción de hechos y el análisis de los movimientos bancarios de los acusados.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, señaló en conferencia de prensa este viernes que para concretar la compra de las tierras “se realizaron pagos adelantados de 280 mil dólares” y que, según los vendedores, “la propiedad ya pertenecía al hijo de Arce”.
Además, explicó que el Ministerio Público analizó los antecedentes financieros de Rafael Arce desde 2016 y detectó que al principio contaba con ingresos mínimos, incluso de apenas 1.000 bolivianos. Sin embargo, a partir de ese año se observó un crecimiento significativo, con depósitos en su cuenta bancaria que fueron desde 30.000 bolivianos hasta montos de 3 a 4 millones de boliviano
Torrez indicó que, considerando los riesgos procesales, la Fiscalía pedirá la detención preventiva de Rafael Arce Mosqueira en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses.
Ahora se espera por la realización de la audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía presentará las pruebas obtenidas y argumentará sobre la posible responsabilidad del acusado, además de los riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.
Luis Arce, antes de finalizar su mandato el 8 de noviembre, declaró que asumiría la defensa propia y la de sus hijos frente a las acusaciones, y negó haber intervenido en asuntos judiciales durante su gestión.
El ex mandatario anticipó que, si los cargos se demuestran infundados, su familia iniciará acciones legales por los daños sufridos. “Utilizan hasta a la familia (…) en una guerra sucia que nosotros no compartimos. No estamos de acuerdo con ese tipo de bajezas y esta es la última vez que me voy a referir a este tema”, declaró en julio.
Luego, utilizó su cuenta de la red social X para pedir esclarecimiento en las causas contra sus hijos: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”
El caso se suma a una serie de incidentes familiares. En octubre, otro hijo del ex presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, fue arrestado y liberado al día siguiente, en un caso de violencia doméstica, con la obligación de asistir a terapia psicológica.
Además, el propio Luis Arce enfrenta una denuncia por abandono de mujer embarazada, presentada por una ex funcionaria gubernamental que alega que el el presidente de Bolivia no reconoció al hijo que tuvieron juntos.
(Con información de EFE)
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