La Fiscalía allana oficinas del Tribunal Constitucional en Bolivia

Un día después del cese de funciones de cinco magistrados judiciales que habían extendido su mandato fuera del plazo legal, este miércoles la Fiscalía allanó las oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre y precintó las instalaciones para dar curso a las investigaciones.

El fiscal asignado al caso, Javier Gorena, informó que el operativo se realizó en el marco de una denuncia penal presentada por dos magistradas electas contra los cinco “autoprorrogados” por los delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres.

“Hemos identificado algunas dependencias a las cuales vamos a ingresar con apoyo del laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), así como del investigador asignado al caso”, informó la autoridad al ingresar al edificio ante los medios locales.

Contra estos jueces pesa también una orden de aprehensión y alerta migratoria por los delitos de usurpación de funciones y atentado a la seguridad jurídica del Estado.

Estos hechos judiciales se producen luego de que el martes los cinco jueces firmaron un auto constitucional en el que determinan el cese de sus funciones y el de dos autoridades del Tribunal Supremo de Justicia que también habían extendido su mandato fuera del plazo legal.

Las siete autoridades judiciales habían sido electas por voto popular en 2017 y sus mandatos terminaban el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, las elecciones para elegir a sus reemplazados se retrasaron un año —por falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa y por impedimentos judiciales puestos por los jueces que iban a ser relevados—, lo que provocó la autoprórroga de sus cargos, bajo el argumento de que el Órgano Judicial no podía quedar acéfalo.

Finalmente, cuando faltaban días para la elección de nuevos jueces, en diciembre de 2024, los magistrados del TCP declararon parcialmente desierta la convocatoria con lo que solo se eligieron a 19 magistrados de 26 y ellos extendieron su mandato, y el de dos jueces del TSJ, durante casi un año más.

Durante su mandato, los magistrados autoprorrogados del TCP emitieron una serie de resoluciones contradictorias que generaron controversia: en 2020 extendieron el mandato de Jeanine Añez por la postergación de las elecciones en medio de la pandemia para luego, con Luis Arce en el poder, emitir una sentencia que calificaba como “inconstitucional” el Gobierno de Añez que ellos mismos habían reconocido.

También anularon sesiones de la Asamblea Legislativa, dilataron un recurso de interpelación para que los legisladores puedan interpelar a los ministros de Estado y entorpecieron la realización de las elecciones judiciales.

Finalmente, el TCP fue el ente que dimitió en la disputa interna del MAS al vetar indefinidamente la reelección de Evo Morales y entregar el control del Movimiento Al Socialismo (MAS) a un aliado de Luis Arce.

Tras el alejamiento de los siete jueces del Órgano Judicial, el vicepresidente Edmand Lara anunció que convocará a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para acelerar una ley para elegir a los magistrados vacantes.

Bolivia es uno de los pocos países que elige autoridades judiciales de las altas cortes por voto popular. Se trata de un mecanismo relativamente nuevo en el país, fue creado en 2009 con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) con el objetivo de profundizar la democracia y la participación ciudadana, y desde entonces se han realizado tres votaciones, en 2011, 2017 y 2024.