La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que endurece las penas contra el crimen organizado tras el operativo en Río de Janeiro

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el martes un proyecto de ley que endurece el combate al crimen organizado y eleva las penas para estructuras delictivas consideradas “ultraviolentas”, tres semanas después de la operación policial más letal registrada en el país, que dejó 121 muertos en Rio de Janeiro.

La propuesta, que ahora debe pasar al Senado, establece penas de hasta 40 años de prisión para delitos cometidos por organizaciones criminales. El texto también prevé un aumento de la condena hasta 66 años para los líderes de esas estructuras cuando existan agravantes, entre ellas el reclutamiento de menores. La votación en la Cámara concluyó con 370 votos a favor y 110 en contra.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, referente del bloque conservador conocido como “Centrao”, defendió la aprobación. En el plenario afirmó que “al ciudadano no le preocupa el número (de votos) ni la autoría del proyecto, sino la solución del problema”. También señaló que “millones de brasileños sufren a diario estar bajo el control de organizaciones criminales”.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había enviado la propuesta al Congreso pocos días después de la megaoperación realizada el 28 de octubre en dos favelas de Rio de Janeiro, una acción que buscó golpear al Comando Vermelho, una de las principales facciones delictivas del país. Sin embargo, el texto inicial impulsado por el Ejecutivo sufrió modificaciones durante la tramitación, lo que llevó a que la bancada oficialista votara en contra por considerar que los cambios desvirtuaron el proyecto original.

El articulado aprobado fija la reclusión obligatoria de líderes de organizaciones criminales en prisiones federales de seguridad máxima, con restricciones al acceso a beneficios penitenciarios para miembros de esas facciones. Además, crea nuevos delitos vinculados a la actuación de estos grupos. Entre ellos se incluye el de “Dominio social estructurado”, definido en el texto como situaciones en las que estructuras criminales ejercen control territorial, limitan la libre circulación de personas y afectan el acceso a servicios.

La norma también amplía las medidas de confiscación de bienes asociados al crimen organizado. Uno de los puntos de desacuerdo más relevantes entre el oficialismo y el resto de la Cámara se relacionó con el alcance de las atribuciones de la Policía Federal. Según la base de Lula, los cambios introducidos reducen la capacidad operativa de esa fuerza.

La bancada del Partido Liberal (PL), vinculada al ex presidente Jair Bolsonaro, apoyó la versión final del proyecto, aunque quedó fuera una de sus principales demandas: la equiparación de las facciones criminales con grupos terroristas, una clasificación que habría habilitado el uso de armamento más letal y otras medidas extraordinarias. La eliminación de ese punto evitó que la propuesta asumiera un carácter aún más rígido, pero no modificó el respaldo del PL.

La operación policial que motivó el avance del proyecto dejó 117 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos. Fue celebrada por dirigentes de derecha, mientras organizaciones de derechos humanos expresaron rechazo y denunciaron abusos.

El presidente Lula calificó la acción como “una matanza”, al tiempo que exigió una investigación. La ONU también reclamó una indagación inmediata, y familiares de algunos de los abatidos denunciaron ejecuciones sumarias.

(Con información de AFP)