El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional una licencia para realizar campaña a favor de las preguntas que integran la consulta popular y referéndum convocados para el próximo 16 de noviembre. La petición consta en un oficio, fechado el 5 de noviembre de 2025, dirigido al presidente del legislativo, Niels Olsen, legislador del oficialismo.
En la misiva, el mandatario invoca el artículo 146 de la Constitución, que establece las atribuciones del Presidente de la República, así como el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sobre esa base legal, Noboa solicita autorización para ausentarse de sus funciones ejecutivas en dos tramos: el primero, el viernes 7 de noviembre de 2025, desde las 00h01 hasta las 19h00; y el segundo, desde el domingo 9 de noviembre hasta el jueves 13 del mismo mes.
Ambos períodos se enmarcan en el proceso electoral en el que los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre ocho preguntas, distribuidas entre reformas constitucionales y propuestas de consulta popular, en temas como seguridad, justicia, economía y gobernabilidad.
La licencia, según el propio documento remitido a la Asamblea, permitirá al Presidente “exponer a la ciudadanía las motivaciones y fundamentos que respaldan la consulta popular y referéndum, sin incurrir en infracción electoral alguna”.
Las disposiciones del Código de la Democracia y con los precedentes jurisprudenciales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han establecido que las autoridades públicas pueden participar en procesos de campaña electoral únicamente si hacen uso de licencias sin remuneración, o si actúan en calidad de ciudadanos, sin utilizar recursos públicos ni interferir en el ejercicio de sus funciones.
La solicitud del Ejecutivo se enmarca en una estrategia de promoción activa del referéndum, cuyos temas centrales han sido posicionados como parte del proyecto político de “gobierno firme” impulsado por Noboa. La reforma parcial a la Constitución, aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de junio de 2025, eliminó la prohibición expresa sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país, establecida en el artículo 5. Esta enmienda debe ser ratificada o rechazada en el referéndum.
Además, se incluye preguntas sobre el financiamiento estatal a los partidos políticos, la reducción de legisladores y, en la consulta popular, la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recordado que las campañas para la consulta y referéndum deben realizarse dentro del período autorizado, que va del 1 al 14 de noviembre de 2025. La intervención de autoridades públicas está sujeta a restricciones específicas y debe observar los principios de equidad, transparencia y uso responsable de recursos públicos.
La Asamblea Nacional deberá pronunciarse sobre la licencia en los próximos días. Aunque este tipo de permisos suele aprobarse sin mayores obstáculos, el trámite no es meramente administrativo sino que representa una formalidad institucional que refuerza los límites entre el ejercicio del poder y la contienda electoral.
Para Noboa, esta campaña representa más que un proceso de ratificación de propuestas: se trata de una medición clave de respaldo ciudadano a su proyecto político y a su permanencia en el cargo.
A pocos días de los comicios, los ecuatorianos se muestran divididos entre el respaldo a la gestión del presidente Daniel Noboa y se observa la incertidumbre frente a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Cuatro encuestas nacionales levantadas durante octubre reflejan un escenario de apoyo fragmentado, tensiones regionales y un voto aún volátil.
En una ciudadanía golpeada por la inseguridad y la incertidumbre económica, el voto podría ser menos ideológico y más emocional. Esto ha sido analizado por el verificador de datos Ecuador Chequea que determinó que en los primeros días de la campaña electoral, ambas posturas –tanto el sí como el no– han optado por mensajes que apelan principalmente al miedo.
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