El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que su Gobierno reconoce que la “estabilidad de Haití es fundamental para la paz hemisférica” y reafirmó su compromiso “con las soluciones que respeten la soberanía haitiana”.
Peña se refirió a la “crisis humanitaria y de seguridad” que enfrenta la nación insular durante un discurso ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá, país donde adelanta una visita oficial de un día.
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“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación en la hermana nación de Haití”, cuya crisis “requiere una acción internacional decidida y coordinada”, afirmó el jefe de Estado paraguayo.
La situación haitiana, marcada por graves dificultades de toda índole, obliga a una “atención y resolución (...) simplemente impostergable”, añadió Peña.
Haití está sumida en una compleja y prolongada crisis, atizada principalmente por la brutalidad de las bandas armadas, que controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, en un contexto de graves desastres naturales y crisis económica, según la ONU.
Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas en Haití desde el inicio de 2022 y más de cuatro mil de esos homicidios ocurrieron en el primer semestre de este año, mientras que un 51% de la población sufre hambre, de acuerdo con los datos de las Naciones Unidas.
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En este contexto, la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) dijo este lunes que realizó sus primeras acciones sobre el terreno en Haití y que enfrentaron una “feroz resistencia” por parte de las bandas armadas. De estos primeros operativos no reportaron muertos o heridos.
La información oficial no ofreció detalles sobre el personal en el terreno de la GSF, que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia y que logró escasos resultados.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 30 de septiembre una resolución copatrocinada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en el país caribeño de la GSF, que contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares asistidos por 50 civiles y tendrá un mandato inicial de 12 meses.
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(Con información de EFE)
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