La Cámara de Senadores en Bolivia aprobó un proyecto de ley con el objetivo de recomponer la institucionalidad de los altos cargos del Órgano Judicial. A través de esta norma, que aún debe ser aprobada en Diputados, se cesarán a los magistrados cuyo mandato caducó y se avalaría el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solo con los jueces electos en diciembre de 2024.
El proyecto de Ley 259 titulado “Ley de adecuación constitucional del funcionamiento transitorio y excepcional del TSJ y el TCP” es impulsado por la senadora Silvia Salame y ya fue remitido a la Cámara de Diputados.
El origen de este proyecto tiene que ver con el funcionamiento del Órgano Judicial desde la suspensión de la elección judicial que estaba inicialmente prevista para finales de 2023. Bolivia es uno de los pocos países que elige autoridades judiciales por voto popular, un mecanismo incluido en la Constitución Política del Estado en 2009 con el objetivo de profundizar la democracia y la participación ciudadana.
Desde entonces se han realizado tres votaciones, en 2011, 2017 y 2024, la última con retraso de un año debido a una serie de postergaciones: inicialmente por falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la convocatoria y luego por una seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa.
Ese retraso hizo que las autoridades judiciales electas en 2017 se “auto prorrogaran” en sus cargos hasta la elección de sus sucesores, bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional.
Finalmente en agosto de 2024, con un año de demora, se convocaron las elecciones para diciembre. Se debían elegir a los 26 principales cargos judiciales que dirigen el Consejo de la Magistratura, y el Tribunal Agroambiental, Constitucional y Judicial por un periodo de seis años.
Sin embargo, cuando el proceso estaba en marcha y faltaba poco más de un mes para la votación, una sala constitucional declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del TSJ en los departamentos de Beni y Pando, y asumió la misma medida para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Pese al rechazo generalizado por esta determinación que vulneró el principio de preclusión electoral, la votación se llevó a cabo de manera parcial y se suspendió la renovación de siete magistrados: dos del judicial y cinco del constitucional, entre ellos los que habían decretado parcialmente desierta la convocatoria.
En ese sentido, dos tribunales están integrados por los “auto prorrogados”, cuyo mandato venció en 2023, y las nuevas autoridades judiciales, posesionadas en enero de 2025.
“Considero que este proyecto de ley no tiene nada de político (…) la realidad es que a partir del 2 de enero en este país se ha dado un golpe judicial, se ha afectado la democracia en Bolivia”, señaló la legisladora Salame al justificar su proyecto.
El artículo 2 estipula que la aplicación de la ley es “excepcional y temporal” mientras dure el proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades judiciales de los tribunales donde la elección fue declarada desierta casi al final del proceso electoral. En tanto, el artículo 3 garantiza el funcionamiento de ambas instancias solamente con los magistrados electos en diciembre de 2024.
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