Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

A menos de ocho semanas de dejar el poder, el presidente boliviano Luis Arce enfrenta demandas y acusaciones que complican la recta final de su Gobierno. La semana pasada, uno de sus antiguos aliados, el diputado oficialista Rolando Cuéllar, presentó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado para que Arce sea sometido a juicio de responsabilidades por presunta corrupción en la importación de combustible.

La denuncia tiene que ver con el caso Botrading, que investiga a la empresa estatal del mismo nombre que fue constituida como intermediaria para la comercialización internacional de diésel y gasolina, y sobre la que pesan indicios de haber generado sobreprecio en la importación de carburantes.

La acusación contra el presidente Arce incluye los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.

“Realmente el daño económico que le han hecho al pueblo boliviano viene desde estos contratos, la escasez de diésel y gasolina que hemos sufrido los bolivianos viene desde que firma de Botrading con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”, sostuvo el antiguo defensor de Arce.

Según el procedimiento legal, el fiscal Roger Mariaca debe analizar la proposición acusatoria para rechazarla o emitir un requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa. Para aprobar un juicio de responsabilidades se requiere el voto de dos tercios del Parlamento, con los que ninguna fuerza política cuenta en esta ni en la próxima legislatura.

La investigación del caso se realizó durante varios meses por una comisión especial de la Cámara de Diputados, que la semana pasada emitió un informe final sobre las denuncias de irregularidades en los contratos.

Botrading es una empresa estatal que fue creada por YPFB en 2019 con el objetivo de mediar en la compra y venta de petróleo crudo, diésel y gasolina, para no depender de traders privados. Tiene sede en Paraguay y uno de sus clientes es el Estado boliviano a través de YPFB.

Según el informe de los diputados que investigaron el caso, existen indicios de que la estatal petrolera adjudicó al menos 12 contratos con sobreprecio, pagos por suministros sin respaldo en contratos vigentes y pagos con exceso en el monto máximo establecido en algunos procesos de contratación. El documento señala que se estima un daño económico al Estado de aproximadamente 56 millones de dólares durante dos gestiones.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, rechazó las conclusiones del informe legislativo y en entrevista con La Razón explicó que esta empresa fue creada para agilizar el proceso y abaratar los costos de importación. Dorgathen señaló que la subsidiaria se abrió en Paraguay por un tema impositivo y legal, y que era necesario tenerla porque YPFB, por su carga normativa, no puede hacer la importación directa de carburantes.

El presidente de la petrolera también aclaró que Botrading generó 30 millones de dólares además de reducir los costos de la logística de importación para YPFB, y anunció que solicitará una auditoría internacional porque considera que la investigación local tiene motivaciones políticas.

En tanto, el informe de la Cámara de Diputados fue remitido a la Contraloría General del Estado y sumará indicios para una investigación penal que la Fiscalía de La Paz realiza por el mismo caso contra Dorgathen.

“Vamos a agilizar para que en esta gestión Luis Arce Catacora rinda cuentas, si uno no denuncia es cómplice de la corrupción”, manifestó Cuéllar, el diputado que promueve el juicio de responsabilidades contra Arce. “Van a responder toda esta mafia de corruptos”, advirtió.

Bolivia atraviesa desde hace dos años periodos cada vez más prolongados de escasez de combustible, debido a la dependencia de las importaciones en un contexto de crisis económica y falta de dólares. El país compra el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que requiere para cubrir la demanda interna y además lo vende a un precio menor al real por su política de subsidios.

Esta situación ha debilitado la economía nacional y se ha convertido en uno de los principales problemas para la administración de Luis Arce, que destina prácticamente todos sus ingresos en dólares para el pago de la deuda externa y suministro de carburantes, y que garantizó la continuidad de la política de subsidios hasta el final de su gestión.

En ese marco, el próximo Gobierno, que asumirá funciones el 8 de noviembre, heredará una profunda crisis de abastecimiento con el desafío de regularizar el suministro sin quebrar las finanzas públicas ni desatar un conflicto social.