Ascendieron a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas detalló que 33 permanecen en condición de desaparición forzada

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Rosario Murillo y Daniel Ortega (Archivo)

Al menos 73 opositores y críticos con el régimen de Nicaragua, liderado por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúan en las cárceles del país. Entre ellos se encuentran 22 adultos mayores, según denunció este lunes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

En Nicaragua actualmente hay 73 personas detenidas por motivaciones políticas. De ellas, 33 permanecen en condición de desaparición forzada, detalló el mecanismo en un informe avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La desaparición forzada se ha consolidado como una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo, utilizada como estrategia de control social y de represión política”, advirtió el informe.

Del total de personas privadas de libertad por razones políticas, 14 son mujeres y 59 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), según el organismo.

El mismo mecanismo señaló que, durante julio y agosto, Nicaragua experimentó una escalada represiva que conjugó redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y confiscaciones de instituciones sociales y educativas.

Policía Nicaragua
Nicaragua experimentó una escalada represiva que conjugó redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y confiscaciones de instituciones sociales y educativas (Archivo)

Detenciones durante julio y agosto

En julio, mes en el que el régimen conmemora el aniversario de la revolución sandinista, se incrementaron la vigilancia, el hostigamiento y las amenazas directas hacia la ciudadanía, según el informe.

En agosto, la represión aumentó con redadas en distintos departamentos, siendo Carazo (especialmente la ciudad de Jinotepe) el más afectado.

“Allí se registraron al menos 30 detenciones arbitrarias, posteriores al anuncio de confiscación del Colegio San José, hecho que provocó conmoción en la comunidad”, señala el informe.

En total, entre julio y agosto se documentaron 52 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 personas fueron liberadas y 19 se sumaron a la lista oficial de presas políticas, elevando a 73 el número de personas reconocidas por el Mecanismo.

La mayoría corresponde a líderes comunitarios y personas con amplia estima en sus barrios, lo que, según el informe, refuerza la estrategia del régimen de desarticular la organización social y quebrar la confianza comunitaria.

Fotografía de archivo de simpatizantes del Sandinismo (EFE/Bienvenido Velasco)
Fotografía de archivo de simpatizantes del Sandinismo (EFE/Bienvenido Velasco)

Ex sandinistas, militares en retiro, indígenas y periodistas

La lista actualizada incluye al ex comandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, bajo confinamiento domiciliario por la Policía desde el 8 de marzo pasado, y al antiguo asesor de Ortega y general en retiro, Álvaro Baltodano.

Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que gobernó entre 1979 y 1990, es la persona privada de libertad de mayor edad, con 81 años.

Otros nombres destacados en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez.

También figuran los militares en retiro Carlos Brenes, Victor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, junto a los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo, entre otros.

El Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos y excarcelados políticos, abogados, así como espacios de documentación y redes de activistas, ha advertido que el número real de detenidos podría ser mayor, ya que algunos familiares no denuncian por temor.

Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las disputadas elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Las elecciones se realizaron con los principales adversarios de Ortega en prisión. Posteriormente, fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, acusados de “golpistas” y de “traición a la patria”.

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