Líderes opositores en Bolivia celebraron el martes la revocatoria de la prisión preventiva de los dirigentes Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, vinculados a casos judiciales derivados de la crisis política de 2019.
Camacho recibió arresto domiciliario, mientras que Pumari obtuvo libertad plena y simple, decisión adoptada por un tribunal de la jurisdicción de La Paz en medio de enfrentamientos y tensión frente al juzgado entre seguidores de los dirigentes y personas que reclamaban mantener la detención.
Camacho, gobernador suspendido de la región de Santa Cruz, destacó en X que “este primer paso hacia la libertad se lo debo a nuestro pueblo que en diciembre pasado, con el voto, eligió a representantes de la Justicia que hoy empiezan a recuperar el estado de derecho”.
Pumari deberá esperar la emisión del mandamiento de libertad antes de retornar a Potosí para completar los trámites correspondientes.
La ex presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) señaló en la misma red social que el fallo a favor de Camacho y Pumari “la Justicia se encamina a restablecer el Estado de Derecho” y responsabilizó al expresidente Evo Morales y sus “cómplices” por mantener una “persecución política, fiscal y judicial implacable, tortuosa y cínica”.

Áñez subrayó que la decisión judicial “no es un triunfo, es el comienzo de una reparación”. La exmandataria, detenida desde marzo de 2021 y apartada del caso ‘golpe de Estado I’, había sido condenada en otro proceso relacionado con su participación en la línea de sucesión presidencial de 2019 tras la renuncia de Evo Morales.
El empresario y político Samuel Doria Medina, quien participó en las elecciones del 17 de agosto, calificó la revocatoria de prisión preventiva como “un momento importante para la historia democrática de Bolivia” y afirmó que la decisión se debe a la salida del MAS (Movimiento al Socialismo) del poder político en los recientes comicios.

La revisión de los casos de Camacho, Pumari y Áñez se enmarca en una instrucción emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar los plazos de detención preventiva de los acusados. La medida a favor de Camacho corresponde al caso ‘golpe de Estado I’, por el que fue detenido a finales de 2022.
No obstante, el gobernador enfrenta otros procesos judiciales que continuarán bajo revisión, incluyendo una audiencia virtual este miércoles por la huelga ciudadana en Santa Cruz en 2022, vinculada al censo de población y vivienda.
En contraste, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del MAS, criticó la decisión y escribió en Facebook que “nuestros hermanos asesinados merecen justicia”, pidiendo que los jueces no se dobleguen ante el poder político. Rodríguez expresó que algunos fallos podrían buscar congraciarse con el nuevo Parlamento, que estará dominado por la “derecha” tras veinte años de gobiernos del MAS.

El retiro de las medidas cautelares a Camacho y Pumari marca un punto de inflexión en la política boliviana, donde los opositores celebran el avance judicial mientras persisten tensiones entre sectores políticos y sociales.
(Con información de EFE)
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