El Gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes al ex ministro de Seguridad de Costa Rica y ex juez de la Corte Suprema, Celso Gamboa, a quien acusa de narcotráfico y de utilizar su influencia política y judicial para encubrir operaciones criminales. La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, implica el bloqueo de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos o empresas de ese país de realizar transacciones con él.
Gamboa, de 49 años, fue detenido en junio pasado a petición de la justicia estadounidense. Un mes después, el Departamento de Justicia presentó cargos formales en su contra por tráfico internacional de drogas. En paralelo, Costa Rica aprobó una histórica reforma constitucional que permite, por primera vez, la extradición de ciudadanos acusados de narcotráfico y terrorismo, lo que allanó el camino para su eventual entrega a Washington.
Además de Gamboa, las sanciones alcanzan a tres costarricenses más: Edwin López Vega, conocido por el alias de “Pecho de Rata”, así como Alejandro James Wilson y Alejandro Arias Monge. Todos, según Washington, forman parte de una red de tráfico de cocaína con ramificaciones internacionales. López Vega fue detenido el mismo día que el ex ministro.
“El narcotráfico envenena a los estadounidenses y hace que nuestras comunidades sean más peligrosas mediante el tráfico de cocaína, vinculado a menudo al de fentanilo”, declaró John K. Hurley, secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en un comunicado. Según datos oficiales, más de 22.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de cocaína en los 12 meses previos a octubre de 2024, una cifra que refleja el impacto del crimen transnacional en la salud pública.
Las sanciones no se limitaron a individuos. También fueron incluidas en la lista negra el bufete “Celso Gamboa & Asociados” y el club Limón Black Star, de la segunda división del fútbol costarricense. El Departamento del Tesoro los señaló como vehículos utilizados para blanquear ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Randall Zúñiga, confirmó la noticia a través de un mensaje en la red X. “Como resultado de esto, todos los activos (propiedades, cuentas y vehículos) quedan bloqueados en Estados Unidos”, afirmó. Advirtió además que las instituciones financieras y empresas costarricenses que mantengan vínculos con los sancionados “están expuestas al bloqueo de sus activos y a la imposibilidad de operar en territorio estadounidense”.
El caso Gamboa ha generado un terremoto político en San José. El ex ministro fue una figura de alto perfil en el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y posteriormente se convirtió en magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema. Su fulgurante carrera se derrumbó en 2018, cuando fue destituido por vínculos indebidos con políticos y empresarios. Ahora, el señalamiento de Estados Unidos lo sitúa como un engranaje clave en la penetración del narcotráfico en la institucionalidad costarricense.
Costa Rica, durante décadas considerado el país más estable y seguro de Centroamérica, enfrenta una ola de violencia inédita. El país cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial, en gran parte atribuida a la disputa entre bandas por las rutas de la cocaína hacia Norteamérica y Europa. El arresto de Gamboa ilustra hasta qué punto las redes criminales han corroído esferas políticas y judiciales.
El Departamento del Tesoro ha reiterado que estas sanciones buscan no solo asfixiar financieramente a los individuos y entidades implicadas, sino también enviar un mensaje a la región. “Nadie está por encima de la ley, y quienes utilicen su posición de poder para proteger o facilitar el narcotráfico serán objeto de las acciones de Estados Unidos”, subrayó Hurley en el mismo comunicado.
Aunque Costa Rica coopera estrechamente con Washington en la lucha antidrogas, el caso plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de sus instituciones frente al crimen organizado.
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