Alerta en Uruguay por la posibilidad de que el Gobierno grave los depósitos en el exterior: “Kirchnerismo tributario”

La posible inclusión en el Presupuesto nacional de un impuesto a la rentabilidad de los depósitos e inversiones en el exterior de residentes uruguayos colocó al sistema político y financiero en estado de alerta. Desde distintos sectores económicos y políticos surgieron advertencias sobre los efectos que podría tener la medida, tanto en la confianza inversora como en la tradición de estabilidad tributaria que caracterizó a Uruguay. El debate se disparó tras la confirmación de la existencia de un proyecto en estudio, según reveló el semanario Búsqueda, que potencialmente impactaría sobre un capital estimado en 62.000 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La iniciativa apunta a modificar el actual alcance del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que no incluye actualmente las ganancias de capital obtenidas en el exterior por residentes uruguayos, un punto dejado fuera desde la reforma tributaria de 2007. Fuentes del equipo económico informaron que barajan la inclusión del gravamen en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto, lo que otorgaría plazos estrictos y obligaría un tratamiento parlamentario rápido. Legisladores oficialistas consideraron que, bajo esta modalidad, la propuesta tendría más oportunidades de avance frente a la resistencia que suele generar un debate tributario autónomo.

El MEF, encabezado por Gabriel Oddone, evalúa también otras modificaciones en la estructura impositiva para fortalecer la recaudación en un contexto de tensiones internas dentro del gobierno y con el respaldo de sectores sindicales. Algunas voces en el oficialismo sostienen que el posible impuesto no sería una creación novedosa, sino una forma de perfeccionar gravámenes ya existentes. Además, trascendió que lo recaudado podría destinarse en forma prioritaria al financiamiento de políticas para la primera infancia, un área considerada crítica por la administración actual.

La reacción de sectores opositores no se hizo esperar. Para el diputado Diego Echeverría, la sola discusión sobre un impuesto de estas características representa “un golpe” a la previsibilidad de Maldonado, departamento en el que muchos residentes y extranjeros eligieron radicarse bajo reglas de certeza tributaria. En una gacetilla de prensa, Echeverría advirtió sobre el “peligro de transitar el camino del ‘kirchnerismo tributario’”, en referencia a políticas aplicadas previamente en la región que enfocaron la recaudación en los sectores productivos y de alta renta. “Haber ingresado en la discusión del impuesto al 1% más rico y ahora este nuevo anuncio solo sirve para espantar inversores”, opinó el legislador. También alertó sobre el riesgo de “generar desempleo en Maldonado” y afectar la credibilidad económica del país.

El debate cobró fuerza luego del reclamo público del PIT-CNT, central sindical uruguaya, que insistió en aplicar un gravamen del 1% al 1% más rico del país. En ese contexto, propuestas dentro del propio Frente Amplio, como la impulsada por el exministro Danilo Astori en 2021, ya apuntaban a un impuesto transitorio sobre los depósitos en el exterior, con una tasa sugerida del 2% durante la pandemia. Tanto el oficialismo como sectores sindicales miran el posible resultado de la nueva medida como una vía para aumentar la progresividad de la estructura tributaria.

Según el MEF, el monto estimado de activos y capitales de uruguayos en el exterior ascendió en 2023 a 62.000 millones de dólares, cerca del 79% del Producto Interno Bruto del país en ese momento. El incremento fue notorio frente a los 27.171 millones de 2019, según respondieron autoridades fiscales a un pedido de informes parlamentario. Por ejemplo, hay quienes sostienen que un impuesto de este tipo podría desalentar la llegada o permanencia de grandes patrimonios extranjeros —casos emblemáticos como el de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre.

El gobierno también estudia medidas complementarias, como el establecimiento de impuestos sobre las compras digitales en el exterior y la adaptación de la normativa local al nuevo Impuesto Mínimo Global impulsado desde la OCDE, que afectaría a multinacionales con operaciones en el país. El equipo económico, según comentó Oddone a Búsqueda, evalúa ordenar “temas que quedaron pendientes de administraciones anteriores”, especialmente sobre “cómo hacemos los tratamientos de los gravámenes en el exterior”.

La discusión seguirá en primer plano mientras se acerca la fecha de presentación del proyecto de ley de Presupuesto y continúan los intercambios con actores económicos y bancarios. Desde la oposición se solicitó una reunión con el equipo económico, además de requerir información a los representantes del Banco República y del Banco Central del Uruguay para evaluar eventuales previsiones frente a estos cambios tributarios.