El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, criticó la decisión del juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de imponer prisión domiciliaria al ex presidente Jair Bolsonaro. El comunicado, publicado en redes sociales y replicado en portugués, sostiene que la medida “amenaza la democracia” y restringe el derecho del ex mandatario a expresarse públicamente.
“El ministro Alexandre de Moraes, ya sancionado por los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente no es un servicio público. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!”, expresó la oficina en su cuenta oficial.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental es el organismo encargado de coordinar la política exterior estadounidense en América Latina y el Caribe. Sus funciones incluyen la gestión de relaciones diplomáticas, la promoción de la democracia y los derechos humanos, la cooperación en seguridad regional y la aplicación de sanciones en casos de corrupción o amenazas al orden democrático.
El pronunciamiento se enmarca en la ley Magnitsky, que permite a EEUU sancionar a funcionarios extranjeros implicados en violaciones graves de derechos humanos. Según el mismo mensaje, la administración estadounidense también sancionará a quienes colaboren o incentiven ese tipo de conductas.
En mayo, la misma oficina había emitido un mensaje en portugués en el que advertía que “ningún enemigo de la libertad de expresión de los estadounidenses será perdonado”, en respuesta a una política de restricción de visados anunciada por el secretario de Estado. Ese comentario fue interpretado por simpatizantes de Bolsonaro como una crítica indirecta al Supremo Tribunal Federal.
De acuerdo con la periodista Malu Gaspar, del diario O Globo, sectores bolsonaristas con contacto en la Casa Blanca bajo el liderazgo de Donald Trump anticipan nuevas sanciones contra jueces brasileños tras la reciente orden de arresto.
El fallo de De Moraes fue dictado tras considerar que Bolsonaro incumplió medidas cautelares impuestas en el marco de la investigación por su presunto rol en los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. El ex jefe de Estado participó por videollamada en una manifestación realizada el domingo en varias ciudades de Brasil, lo que violaría la prohibición de utilizar redes sociales o comunicarse públicamente, impuesta por la Justicia.
En respuesta a la decisión judicial, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, solicitó este lunes que el Senado brasileño inicie un proceso de destitución contra el magistrado De Moraes. En declaraciones a CNN Brasil, calificó la orden de prisión domiciliaria como “cobarde” e “inmoral”, y acusó al juez de arrastrar a la Corte Suprema hacia un “gran desgaste institucional”.
“No tiene condiciones de seguir en el cargo”, afirmó el senador, quien aseguró contar con respaldo suficiente en la Cámara Alta y anunció que planteará la destitución ante el presidente del Senado.
Aunque la familia Bolsonaro ya había planteado anteriormente la destitución de De Moraes, la propuesta no había logrado respaldo significativo en el Senado. Sin embargo, Flávio Bolsonaro vincula esta nueva ofensiva con las sanciones impuestas recientemente por la administración de Donald Trump, que congeló activos del magistrado en Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos. “Es una demostración de venganza por las sanciones”, sostuvo el legislador.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro, otro hijo del ex presidente y actual diputado federal, calificó la decisión judicial como un “abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición”.
La orden de prisión domiciliaria también prohíbe que Bolsonaro reciba visitas no autorizadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Pese a estas restricciones, mensajes firmados por él fueron leídos en distintas marchas opositoras realizadas durante el fin de semana, donde se exigió la amnistía para los acusados de participar en los actos de golpismo de enero de 2023 y se respaldaron las sanciones impuestas por Trump contra De Moraes.
La investigación contra Bolsonaro por su supuesto liderazgo en un intento de golpe de Estado avanza en el Supremo y podría concluir antes de fin de año. El ex presidente enfrenta una pena potencial de más de 40 años de prisión. La situación ha elevado la tensión entre el Poder Judicial brasileño y sectores de la derecha nacionalista, y empieza a generar repercusiones en la política exterior de Brasil.
(Con información de EFE y AFP)
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