Ecuador despliega ayuda en Quito y culpa al Municipio por la respuesta tardía al desabastecimiento de agua

El Gobierno de Ecuador ha desplegado una serie de acciones inmediatas para hacer frente a la crisis de desabastecimiento de agua potable que afecta al sur de Quito desde el 9 de julio, tras la rotura de una tubería matriz en el sector de La Mica. Aunque la gestión de esta emergencia corresponde, por normativa, al Municipio de Quito, el Ejecutivo ha optado por intervenir y ha cuestionado la capacidad de respuesta del cabildo metropolitano, liderado por el alcalde correísta Pabel Muñoz.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, encabezado por la vicepresidenta María José Pinto, se mantiene en sesión permanente. Pinto ha asumido el liderazgo de las acciones interinstitucionales de emergencia, en coordinación con los ministerios del frente social, de Obras Públicas y de Ambiente.

Según cifras oficiales, al menos 88.000 familias se han visto afectadas por la falta de acceso a agua potable. La vicepresidenta ha afirmado que la prioridad del Gobierno es abastecer centros de desarrollo infantil, hospitales y centros de salud, que requieren atención continua.

Como parte de la estrategia, tres plantas móviles potabilizadoras de agua, gestionadas por el Ministerio del Ambiente en colaboración con la Cruz Roja, están siendo trasladadas a zonas críticas del sur de la ciudad. Estas unidades permitirán producir hasta 90.000 litros diarios de agua segura, beneficiando a más de 120.000 personas en sectores como Quitumbe, La Argelia, Guamaní, Turubamba, Chillogallo, La Ferroviaria y La Ecuatoriana. La distribución se realiza con el apoyo del Ejército, que movilizó 13 tanques cisterna.

“Los quiteños no están solos”, declaró la ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, quien subrayó que, aunque el suministro de agua no es competencia directa del Gobierno Nacional, el Ejecutivo ha decidido actuar para garantizar el derecho al agua y atender a los más vulnerables. La funcionaria remarcó que el Gobierno entregará “el agua de mejor calidad”, en una afirmación que deja entrever un juicio implícito a la capacidad técnica del Municipio.

La postura fue reiterada por la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, quien durante una rueda de prensa el 14 de julio sostuvo que la intervención del Ejecutivo fue necesaria ante la “respuesta tardía” del Municipio.

Jaramillo insistió en que el Gobierno ya había entregado agua en días anteriores a barrios a los que no había llegado el cabildo, y remarcó que las quejas ciudadanas sobre desorganización recaen sobre el municipio, no sobre la gestión nacional. “No se trata de una improvisación; el Gobierno llegó donde el Municipio no pudo”, enfatizó.

Desde el cabildo, el alcalde Muñoz ha defendido la actuación municipal. Según cifras divulgadas por Quito Informa, hasta el 15 de julio se habían retirado 140 mil metros cúbicos de material del deslave en La Mica, lo que representa un 76 % del total. El Municipio ha desplegado una red de abastecimiento con hasta 80 tanqueros, cinco hidrantes operativos, tres puntos fijos y cinco cisternas móviles, y asegura que se ha mantenido el abastecimiento en centros de salud y servicios prioritarios.

Además, se ha iniciado la instalación de una nueva tubería, cuya plataforma tiene un avance del 30 %, con miras a restablecer el servicio entre el 20 y el 21 de julio.

El alcalde ha recordado que, de acuerdo con la normativa vigente, se trata de una emergencia de nivel 1, cuya competencia recae en el gobierno local. Aclaró además que el Municipio no ha superado su capacidad operativa y no considera necesario escalar la emergencia a un nivel superior. “Estamos dentro de la planificación. La disposición es acelerar los trabajos para lograr una solución definitiva”, dijo Muñoz.

Pese a estos argumentos, el Gobierno ha intensificado su presencia en el terreno y en la narrativa pública. La decisión de encargar a la vicepresidenta la gestión de la emergencia y las reiteradas declaraciones desde Carondelet han colocado el tema en el centro del debate político, en un contexto marcado por tensiones entre el oficialismo y las autoridades locales de tendencia correísta.