La Policía Federal (PF) de Brasil, en colaboración con el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) del Ministerio Público del Estado de San Pablo, llevó a cabo la mañana de este miércoles una operación que resultó en la incautación de dinero en efectivo, un helicóptero y vehículos de lujo —incluidos modelos de Audi, Volvo y Porsche—, en el marco de una investigación sobre corrupción y filtraciones de información confidencial en beneficio del grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC).
Según informó la PF, las diligencias incluyeron el cumplimiento de tres órdenes de prisión preventiva y nueve de allanamiento y registro contra un grupo sospechoso de favorecer de manera ilegal a investigados en procesos criminales, a cambio de pagos indebidos.
Entre los detenidos se encuentra Roberval Andrade, ex piloto y campeón de la Fórmula Truck, acusado de lavado de dinero y corrupción, junto al agente de la Policía Civil Sérgio Ribeiro, adscrito al Departamento Estatal de Investigaciones sobre Entorpecentes (Denarc), y a Marcelo Marques de Souza, conocido como Bombom, del Departamento de Policía Judicial de la Capital (Decap), quien ya había sido arrestado con anterioridad.
La acción, denominada Operación Augusta, recibió apoyo de la Policía Militar y la Corregiduría de la Policía Civil del Estado de San Pablo. Las investigaciones señalan que los implicados facilitaban el archivo indebido de procedimientos policiales, el suministro clandestino de información reservada y la mediación ilegal para la restitución de bienes incautados, mediante la presentación de documentación falsa.
Uno de los hechos bajo investigación involucra la tentativa de devolución de un helicóptero Augusta AW109 perteneciente al PCC, aeronave que fue embargada por la justicia junto con otros activos, siendo la suma de todos estos bienes estimada en hasta 12 millones de reales (unos USD 2,16 millones). La operación toma su nombre precisamente de este episodio con la aeronave.
Los delitos imputados incluyen corrupción activa y pasiva, violación de secreto profesional y bancario, y el delito de abogacía administrativa. Las autoridades informaron que la investigación continúa bajo confidencialidad, mientras que los implicados enfrentan la posibilidad de enfrentar severas penas de prisión.
Esta acción forma parte de un desdoblamiento de la Operación Tacitus, lanzada tras el asesinato del delator Vinícius Gritzbach el 8 de noviembre de 2024 en el aeropuerto de Guarulhos. De acuerdo al Ministerio Público, el esquema investigado comprende manipulación y filtración de investigaciones policiales, venta de protección a miembros del PCC y lavado de dinero, actividad señalada en las denuncias realizadas por Gritzbach antes de su muerte. Los delitos atribuidos en este contexto contemplan penas que podrían sumar hasta 30 años de reclusión.
El nombre Tacitus, escogido por la PF, hace referencia al término latino para “silencioso” o “no dicho”, aludiendo al carácter reservado de las operaciones de la organización criminal. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer la total dimensión de las redes delictivas entre funcionarios de seguridad y el crimen organizado en San Pablo.
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